MADRID – La inmigración, un asunto que debiera de ser de Estado y concitar el acuerdo de los principales grupos políticos, regresará en septiembre al centro del debate político. El PP anunciará hoy su estrategia ante la nueva reforma de la Ley de Extranjería, que el Ejecutivo remitió hace unos días al Congreso con intención de tramitarla con carácter de urgencia y, sin embargo, ha decidido ahora posponer su tramitación hasta el comienzo del nuevo curso parlamentario.
Indefinición del Ejecutivo
Los populares entienden que el texto mantiene la indefinición del Ejecutivo en política de Extranjería y pretende dar continuidad a un modelo que, a su juicio, favorece la llegada masiva de inmigrantes y las mafias. Quien así habla es el portavoz del PP en materia de Inmigración, Rafael Hernando, quien subraya que «mientras la mayoría de los países europeos han determinado apostar por una inmigración cualificada, España sigue la senda de las puertas abiertas para la mano de obra sin cualificación».
La posición de los populares en esta materia ha sido coordinada por Alfonso Alonso, responsable de la política social del Grupo Parlamentario, para quien la enmienda a la totalidad que presumiblemente el PP anunciará hoy se fundamenta en una actuación del Gobierno socialista basada en el «descontrol y la falta de diálogo» desde que asumió el poder en 2004. No en vano fue aquél año, y sin consenso parlamentario previo, cuando el PSOE permitió la regularización masiva de inmigrantes irregulares.
El Grupo Popular sostiene que el «caos continúa a día de hoy». Y es que la única medida adoptada por el Gobierno para hacer frente al alarmante incremento de paro entre los inmigrantes ha sido la aprobación del Real Decreto de retorno voluntario (solo 8.000 inmigrantes lo han solicitado).
El Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjería. ¿Ocasión para el consenso? Nada de eso. Hernando cree que se «hace una tímida reforma de la reagrupación familiar que supone ya más del 25% de las entradas de ciudadanos extranjeros; se da competencias a las comunidades en materia de autorización de residencia y trabajo, en contra del reparto competencial establecido en la Constitución; no se combate eficazmente contra la inmigración ilegal; se sigue con la dualidad de sanciones en el caso de situación de irregularidad en nuestro país, y no se establecen mecanismos para conseguir la plena integración de los inmigrantes que viven legalmente entre nosotros». Conclusión: el Gobierno sigue sin definir una coherente política de inmigración. «No hay estrategia clara ni rumbo fijo. Y lo que es peor, no se ataja la inmigración ilegal, el incremento de desempleo o la integración de los inmigrantes», concluye Hernando.