EDITORIAL: 'La crisis incide en la campaña agrícola'

El Periodico, 20-07-2009

Después de varios años de inexistencia, han vuelto a aparecer en las comarcas de Lleida campamentos ilegales de inmigrantes sin papeles que esperan encontrar un trabajo que escasea en la campaña de la recogida de la fruta.
¿Por qué vuelven los campamentos cuando parecía que se habían erradicado? Las razones son diversas. La cosecha de este año deja mucho que desear, porque llovió demasiado en primavera y porque un par de granizadas recientes han causado daños. La cosecha de manzana, por ejemplo, se calcula que será este año un 20% inferior a la del 2008.
Además, la crisis económica incide en la campaña, ya que parte de los 6.000 temporeros que trabajan en la fruta (unos 1.000) proceden del paro de la construcción gracias a un elogiable pacto alcanzado por los sindicatos y los empresarios. Si a ese millar de antiguos parados sumamos los contratados en origen (otro millar , en este caso de colombianos), los habituales de cada año y los numerosos trabajadores rumanos, búlgaros y polacos que gozan ya de la libre circulación como ciudadanos comunitarios, nos encontramos con un exceso de oferta de mano de obra. Seis mil temporeros trabajan, otros tantos, con los papeles en regla, buscan trabajo y no lo encuentran y todavía queda una bolsa de sin papeles que son los que ocupan los campamentos.
Este exceso de mano de obra provoca, además, que empresarios sin escrúpulos contraten, al parecer, a trabajadores a tres euros la hora, la mitad de lo que marca el convenio del campo. Esto es al menos lo que denuncian algunos temporeros, pero cuidando de no dar la cara por temor a represalias.
La Administración, por el momento, minimiza el posible conflicto social que puede crear esta situación y asegura que el desarrollo de la campaña, que empezó el 1 de junio y debe prolongarse hasta octubre, es normal y solo se han observado pequeñas anomalías. Pero la aparición de los campamentos ilegales es ya un problema real y el hecho de que la Generalitat intente que los 6.000 trabajadores en regla sin trabajo regresen a sus lugares de origen (el Ayuntamiento de Lleida ofrece pagar el regreso a 500 de ellos) indica que los temores no son infundados.
Antes de que sea demasiado tarde, las autoridades deben afrontar el asunto y cortar también, si se comprueban, los abusos denunciados en el pago de salarios.

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