El reagrupamiento del menor con su familia en el país de origen es una medida contemplada en el reglamento de Extranjería. Sin embargo, en la práctica es un camino casi imposible. Al menos, así lo señala el director foral de Infancia. «La repatriación compete al Gobierno central, pero así como a nosotros se nos exige el respeto íntegro de la ley, otras instituciones no cumplen con su parte».

Insausti añade que la Diputación «está pidiendo insistentemente que se cumpla, en especial con aquellos menores que han agotado las posibilidades educativas que se les ha ofrecido. Facilitamos todos los datos que puedan posibilitar el reagrupamiento, incluido el domicilio de la familia del menor en Marruecos, pero quienes tienen que continuar con el caso no lo hacen». No obstante, la Diputación prevé que «en breve» un menor muy conflictivo sea repatriado.

Desde la Fiscalía reconocen la dificultad de las repatriaciones. «Es una competencia de la Delegación del Gobierno. De todas formas, no es frecuente que se produzca. Normalmente – añade esta fuente – se trata de menores que vienen de países con una mala situación, donde los servicios sociales no están estructurados como en España. Tampoco es fácil localizar a la familia. Además, el reagrupamiento está condicionado a que no haya razones humanitarias que lo desaconsejen». A estas pegas, la Fiscalía añade que los menores «no tienen interés en facilitar los datos familiares. Se van de allí buscando una vida mejor».

Peio Aierbe se muestra muy crítico con las repatriaciones. «Sólo sirven para quitarnos temporalmente el problema de encima. Y para que aumente el número de niños que mueren al intentar, una y otra vez, volver a la península. Pero ni es legal, ni es ético».

El miembro de SOS Racismo añade que «no podemos condenar a unos niños que lo que necesitan es ayuda para ser educados y poder salir adelante en la vida».

Condiciones adecuadas

Gueye explica que «todos sabemos que para repatriar a un nacional de un tercer país se deben dar muchos factores que con los menores son difíciles de conseguir. Al contrario de muchos profesionales y defensores de los derechos de los menores – añade el jurista – no estoy en contra de una repatriación si se pueden dar en el país de origen condiciones para que el desarrollo personal del menor se haga en las mejores condiciones, siempre respetando la normativa vigente».

Gueye quizá acierta en la clave del problema cuando señala que aunque a veces podamos ver a algunos de estos chavales «como auténticos monstruos, no olvidemos que son menores de edad a todos los efectos. En ninguna cabeza cabe que un menor de edad pueda ir y venir a su antojo, trasnochar, o más grave, vivir en un hotel o una pensión sin obligación de rendir cuentas a nadie, drogarse, fumar y delinquir».

Con este comportamiento, añade el asesor de Cáritas, cualquier padre «correría el riesgo de ver peligrar la custodia de los hijos. Así que pongámonos todos manos a la obra…».