DV. Gipuzkoa asiste perpleja a un problema social sin precedentes. Los actos delictivos cometidos por una decena de menores extranjeros que recalan en el territorio están poniendo en jaque a las instituciones y, lo que es más preocupante, generando una peligrosa alarma social.

Los hechos ocurridos hace dos semanas en el barrio de Iztieta, en Errenteria, muestran claramente la deriva peligrosa que pueden tomar los acontecimientos. La detención de un menor magrebí por el presunto intento de violación de una vecina desencadenó concentraciones frente a locales comerciales regentados por ciudadanos de esa procedencia. Felizmente, la cuestión se ha reconducido, pero quienes vivieron los hechos de cerca afirman que se rozó la tragedia.

Los guipuzcoanos se preguntan: ¿Qué está fallando? ¿Por qué algunos menores no aprovechan la oportunidad excepcional que se les ofrece en Gipuzkoa para encauzar su vida? ¿Dónde reside el vacío legal, educativo o social que impide afrontar el reto?

Hemos trasladado estas cuestiones a responsables de cuatro instituciones y organismos que tienen competencias y relación directa con estos chavales extranjeros: José Ignacio Insausti, director foral de Infancia; Abdoulaye Gueye, jurista experto en extranjería y asesor de Cáritas; Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo; y un representante de la Fiscalía Provincial.

Que cada lector saque sus conclusiones, pero hay una cuestión que cabe resaltar desde el principio. No existe un diagnóstico común entre las personas consultadas ni sobre las responsabilidades institucionales ni sobre las soluciones. Por tanto, la polémica está servida y, lo que es más preocupante, ahonda la incertidumbre sobre cómo resolver el problema.

Recursos humanos

La profunda diferencia de opiniones surge desde la primera pregunta: ¿Qué está fallando?

Tanto Peio Aierbe como Gueye Abdoulaye cargan tintas contra la Diputación. El miembro de SOS Racismo afirma que el tratamiento que la institución foral da a esta cuestión es «meramente punitivo y no educativo. La Diputación no está poniendo ni los medios materiales ni los recursos humanos para intervenir ante los menores a su cargo que tienen conductas inapropiadas. En su lugar – añade Aierbe – ha puesto en marcha centros como el de Deba, en los que no se ejerce ninguna labor educativa digna de tal nombre».

Gueye reparte las responsabilidades por los fallos del sistema, aunque también incide en la Diputación. «El principal problema es que ninguna de las autoridades acaba de asumir plenamente su responsabilidad». El jurista señala que el Gobierno Vasco y los ayuntamientos tienen competencias en materia de seguridad ciudadana. «No vale que un alcalde salga a la palestra para denunciar la inseguridad que se vive en su municipio achacándola a ‘los menores extranjeros que mal acoge la Diputación’, ni tampoco que el Gobierno Vasco se haga el despistado».

Ahora bien, Gueye coloca el foco en la Diputación. «Debería revisar sus prácticas: la externalización de la gestión, la revalorización social y económica de los monitores, la integración de los menores en el sistema educativo…».

José Ignacio Insausti, director foral de Infancia, realiza un diagnóstico totalmente distinto. En su opinión, la falla del sistema se localiza en una legislación obsoleta que endosa a la Diputación la tutela de menores muy conflictivos que deberían estar en centros cerrados dependientes del Gobierno Vasco. «La ley no se ha actualizado. Debería tomar en cuenta las disfunciones que se están dando y a partir de ahí determinar claramente qué tipo de menores deben ir al servicio foral de protección o a los centros de reforma».

Insausti pone un ejemplo para ilustrar esta falta de claridad a la hora de atribuir responsabilidades. «En el incidente de Irun en el que se agredió a unos ertzainas fueron detenidas siete personas, una de ellas un menor. Los juzgados decidieron el ingreso en prisión para los seis adultos, en tanto que al menor lo han puesto a disposición de la Diputación. ¿Ese chaval – se pregunta Insausti – nos corresponde a nosotros o tendría que ir a un centro cerrado?».

Desde la Fiscalía indican que los jueces se atienen al cumplimiento de la legislación. «Para que un menor sea recluido en un centro cerrado debe haber cometido un delito grave: robos con violencia o intimidación, agresiones sexuales… En definitiva, delitos graves que si fueran realizados por adultos acarrearían su ingreso en la cárcel».

La Fiscalía no participa de la percepción que tiene una parte importante de la sociedad de que los menores que delinquen entran por una puerta del juzgado y salen por otra. «Cuando hay que adoptar medidas se adoptan y cuando no, no. Lo que no se puede hacer es meter a un menor en un centro cerrado, tampoco a un adulto, por un hurto».

La solución al problema de los menores extranjeros, según esta fuente, «no son los centros cerrados, es la educación. Para que sean internados deben darse unas circunstancias. La justicia interviene, pero la respuesta inmediata de internamiento es excepcional».