LLUÍS URÍA – París. Corresponsal

La ministra de Justicia recurre las penas contra los cómplices por presión de la comunidad judía
Cómo pudo un joven judío permanecer secuestrado durante 24 interminables días en un edificio de la banlieue sur de París, donde fue torturado y finalmente asesinado por sus verdugos, sin que nadie moviera un dedo para impedirlo? ¿Cómo pudo el vecindario ignorar lo que estaba pasando delante de sus narices cuando había cerca de una treintena de personas implicadas? Más allá del carácter antisemita del asesinato de Ilan Halimi, un joven vendedor de teléfonos móviles de 23 años, en el invierno del 2006 en Bagneux, si algo ha puesto crudamente de manifiesto el juicio de los 27 integrantes de la autodenominada banda de los bárbaros es la inquebrantable ley del silencio que impera en las banlieues.Una suerte de omertà a la francesa.

Yusuf Fofana, líder de la banda y ejecutor del crimen – por el cual ha sido condenado a la pena máxima de cadena perpetua con 22 años de seguridad sin poder salir de prisión-,era hasta entonces un personaje gris, un delicuente banal que se había hecho un nombre en la cité de la Pierre-Plate, en Bagneux, gracias – como tantos otros en las barriadas marginales de Francia-a sus actividades ilícitas. Desde su posición, a Fofana no le costó demasiado embarcar a varias decenas de personas de su barrio nada menos que en un secuestro con el cebo del dinero fácil: Ilan Halimi – como otras víctimas que se escaparon por los pelos de la banda-fue secuestrado porque era judío y porque, en tanto que tal, sus secuestradores daban por hecho con una aterradora simpleza que su familia o la “rica” comunidad judía pagarían el rescate exigido.

Nadie aparentemente tuvo dudas morales. Ni la chica que sirvió de cebo para atraer a Halimi a la emboscada, ni el conserje – padre de familia-que facilitó el piso y el sótano donde el joven fue retenido, ni quienes actuaron como carceleros, ni quienes le torturaron y humillaron, ni los cómplices que sabían todo pero nada dijeron. Nadie hizo nada por impedir el crimen. Nadie rompió la ley del silencio. Ni siquiera aquellos que, por uno u otro motivo, se acabaron desvinculando de la empresa. Todavía hoy, tres años después de los hechos, se desconoce la identidad de dos de los participantes en el secuestro. “Si dijera quiénes son, me pongo a mí y a mi familia en peligro”, dijo uno de los encausados durante el juicio, celebrado a puerta cerrada por cuanto muchos de los implicados eran menores en aquel momento.

Excluido Fofana, han sido las penas impuestas a sus cómplices las que han levantado la ira de la familia de Halimi y de la comunidad judía de París, que las considera excesivamente clementes: de entre 10 y 18 años para los seis carceleros y de nueve para la chica que actuó como cebo. “En el 2009 la shoah ha vuelto a empezar”, se indignó la madre de la víctima, Ruth Halimi, en unas declaraciones radiofónicas.

La presión ejercida por el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif) y otras organizaciones afines, como la Oficina de Vigilancia contra el Antisemitismo o la Unión de Estudiantes Judíos, consiguió que la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, ordenara a la fiscalía la presentación de un recurso, pese a la opinión contraria del acusador público, que consideró la sentencia “ejemplar”. Finalmente, 14 de los encausados serán juzgados de nuevo.

La intervención, bajo presión, de la ministra de Justicia ha levantado las críticas de los dos sindicatos de magistrados, que en el mejor de los casos la consideran “inquietante” y "escandalosa, y en el peor, una cesión ante las ansias de “venganza”.