soria – La crisis económica actual por la que está atravesando España se está transformando, poco a poco, en una crisis social sin precedentes. Los comedores sociales ya casi no dan abasto para atender a las miles de personas que cada día acuden a ellos para llevarse algo a la boca con lo que poder subsistir. Mientras que, también, cada día son más las personas que tampoco disponen de un hogar en el que poder vivir.
Los últimos datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística sobre un estudio de personas sin hogar revela que el número de «sintechos» se ha disparado en los dos últimos años, que es el tiempo que ha mediado entre los dos últimos informes. En Castilla y León hay alrededor de sesenta centros en los que se ayuda a estas personas excluidas de la sociedad. La mayor parte de ellos (29), se encuentran en las nueve capitales de provincia de la Comunidad, y en municipios de más de 50.000 habitantes (13).
Todos estos centros ofertan un total de 762 plazas diarias para personas sin hogar, de las que están ocupaadas 654, lo que supone una ocupación media del 85,9 por ciento, frente al 78 por ciento que existía en el año 2006.
Asimismo, cabe señalar que ocho de cada diez centros de ayuda a las personas sin hogar están dirigidos a los inmigrantes, que es el colectivo que más está padeciendo la crisis económica.
El resto de centros dedican su atención a ex presidiarios, mujeres maltratadas, alcohólicos y drogodependientes.
Orientación y alojamiento
Por lo que respecta a los servicios que se prestan en cada centro de atención, todos ellos ofertan principalmente orientación y asesoramiento, mientras que más del 85 por ciento ofrece también alojamiento, servicios de restauración y formación en Educación Primaria. Aunque también existen talleres formativos para adultos e incluso atención psicológica y cuidados médicos.
La encuesta del INE refleja también el aumento de la ayuda por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro. En concreto, el veinte por ciento de la financiación de estos centros procede de manos privadas, mientras que seis de cada diez se gestionan gracias a la ayuda de las administraciones públicas.