MADRID – Del vehículo de gran cilindrada a las «kundas» de los toxicómanos, del chalé de cuatro plantas con acabados de lujo y enorme piscina a la chabola de uralita de escasos seis metros o del «currante» que trabaja doce horas diarias y paga sus impuestos a los ricos que viven de la droga y que nunca han aportado un euro al Estado. Toda clase de etnias, formas de entender la vida y contrastes visuales conviven a lo largo de los casi quince kilómetros de la Cañada Real Galiana a su paso por la Comunidad de Madrid.
Desde que la semana pasada el Ejecutivo regional anunciara el cambio en el régimen jurídico de los terrenos, que pasarán de ser de dominio público a bien patrimonial de la Comunidad, la confusión reina entre los cerca de 50.000 habitantes del que está considerado como el mayor asentamiento ilegal de Europa.
Ahora, quienes tienen que hacer frente al gran conflicto urbanístico y social que supone la Cañada Real serán los ayuntamientos de los tres municipios por los que discurre la vía pecuaria: Coslada, Rivas – Vaciamadrid y Madrid capital. (Aunque también pasa por Getafe, allí no hay problemas).
Según el anteproyecto de Ley, que se aprobará en las próximas semanas, cada Ayuntamiento deberá hacer lo que le corresponde a su propia ordenación urbanística, muchos vecinos de la Cañada temen que una excavadora asome en breve por la puerta de su casa y tire abajo toda construcción ilegal.

RIVAS. UN CRISOL DE CULTURAS
En la parcela 29 – A vive Amancio Martínez. LLeva 10 años en una finca de 1.500 metros cuadrados y, aunque el domicilio que figura en su DNI es la calle Cañada Real de Merinas no paga agua ni luz ni recogida de basuras, aunque este último servicio sí que lo cubre el Ayuntamiento.  La mayoría de la población de esta parte de la Cañada no tienen escrituras de sus viviendas pero sí del contrato de compra. Por eso Paco, como los demás, ve complicado el panorama. «Todavía nadie nos ha comunicado nada pero es muy probable que nos quieran mandar a la calle». Bajando un poco más por el paso trashumante está el conocido sector V donde conviven miles de familias de etnia gitana y árabes. Abundan infraviviendas habitadas por familias marroquíes. Mohamed Hanati es el padre de una de ellas. Su casa, de 150 metros cuadrados, es la 70 – C y se la compró a un compatriota hace seis años por 7.500 euros. Sus cinco hijos van al colegio público de Rivas «El Olivar» y hace meses que se quedó en paro por culpa de la crisis. «Si nos echan tendremos que volver a Marruecos porque ahora sin trabajo ¿qué vamos a hacer?». Eso dice que han hecho dos amigos a los que les derribaron la casa hace un par de años.

MADRID. Entre la ilegalidad y la marginación
Emilio Borrego lleva «veintipico» años viviendo en su parcela. Con piscina hinchable en el patio «para los nietos», es la número 24, pero nunca ha pagado nada a la Administración. «Aquí nos hemos organizado siempre entre nosotros». Una señora se encarga de recaudar 12 euros al mes por vecino y, así, hacen una especie de «bote» con el que, por ejemplo, pagan al electricista cuando se les estropea el enganche de la luz. Saltando la parte que pertenece sólo a Rivas, volvemos a Madrid: a Vallecas. Y aquí nos encontramos el tramo más «oscuro» de La Cañada donde drogas y marginalidad son una constante. Genaro, el patriarca de una familia gitana que vive al final de de la chatarra y es debido a este negocio (necesitan terreno para amontonar el hierro) y a que les gusta «andar sueltos» por lo que asegura que rechazarían un ser realojados. «Lo que nos va a doler es que nos echen de aquí y la parte ‘chunga’, la de la droga, (un poco más abajo) la dejen ahí». Afirma que los gitanos que viven en esa parte «son millonarios gracias a la venta de droga y, como van armados ‘no les dicen ni ‘mu’».

COSLADA. Como si fuera un barrio más
El panorama pinta peor a medida que se baja por La Cañada, de norte a sur. La zona que pertenece a Coslada está totalmente integrada y por eso, la mayoría de los vecinos –unos 300– creen que acabarán legalizándolas. Tienen los mismo servicios que cualquier otro barrio y llevan «toda la vida» pagando sus impuestos. Sin embargo, muchos no podrían demostrar de ninguna manera que su casa les pertenece y temen el desahucio. Es el caso de Regino Blasco, un anciano de 82 años que compró hace veinte su vivienda pero «por cosas de la vida» realizó una dudosa permuta por la que ahora vive junto con su mujer y no consta en ningún registro que sea suya. «Me echarían a la calle con todas las de la ley», reconoce el anciano. El punto final de esta zona lo pone el hostal «La Mancheguita», un terreno de 5.000 metros cuadrados que lleva ahí desde 1990 y que su dueño, Apolonio Moreno, compró a seis propietarios. A Moreno, que muestra los recibos que acreditan que paga el IBI, le indignan las «contradicciones» del Ayuntamiento de Coslada. «No quieren darme la licencia para el hostal y por eso me han denunciado pero el dinero de mis impuestos sí que lo cogen gustosamente». Ahora, «a toro pasado», se cuestiona si hizo bien en montar aquí su negocio: «Quizá me equivoqué», admite.