El Gobierno ha agotado la paciencia de la Unión Europea por su pasividad a la hora de proteger legalmente a las víctimas de las mafias inmigración. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), tras reiteradas denuncias de la Comisión, ha condenado a España por «incumplir sus obligaciones» al llevar más de cinco años sin incorporar a la legislación la directiva que obliga a dar la residencia y «garantizar la subsistencia y protección» de los extracomunitarios ‘sin papeles’ que hayan sido explotados por las redes y que hayan ayudado a la Policía a desarticular estos grupos dedicados a la trata de personas.

El Ejecutivo presentó el pasado 26 junio el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería que finalmente incluye la polémica directiva, lo que no ha evitado la condena.

El nuevo artículo 59 del futuro texto legal establece que los ‘sin papeles’ podrán «quedar exentos de responsabilidades administrativas y no serán expulsados si denuncian a las autoridades a los autores o cooperadores del tráfico de personas, o coopera con los funcionarios policiales proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores». COLPISA