El Gobierno ha agotado la paciencia de la Unión Europea por su pasividad a la hora de proteger legalmente a las víctimas de las mafias inmigración. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), tras reiteradas denuncias de la Comisión, ha condenado a España por «incumplir sus obligaciones» al llevar más de cinco años sin incorporar a la legislación la directiva que obliga a dar la residencia y «garantizar la subsistencia y protección» de los extracomunitarios ‘sin papeles’ que hayan sido explotados por las redes y que hayan ayudado a la Policía a desarticular estos grupos dedicados a la trata de personas. El Ejecutivo presentó el pasado 26 junio el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería que finalmente incluye la polémica directiva, lo que no ha evitado la condena de la corte.

El fallo de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia recalca que el Gobierno «no ha adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento» a la directiva comunitaria, a pesar de que fue aprobada en abril de 2004 y de que España tenía como plazo máximo hasta 5 de agosto de 2006.

La polémica norma, que la Unión Europea consideraba como uno de los ejes para luchar contra los grupos que trafican con personas, obliga a los estados a «informar» a todas las víctimas de la posibilidad de cooperar con las «autoridades policiales, fiscales y judiciales». También les obliga, habida cuenta de la «vulnerabilidad» de estos inmigrantes, a establecer una «asistencia» que les «permita recuperarse y librarse de la influencia» de esos grupos mafiosos que les introdujeron en Europa, incluidos «tratamientos psicoterapéuticos» si así lo necesitaran.