El Ayuntamiento de Barakaldo está empeñado en erradicar de sus calles a los alborotadores. En especial, durante las noches de los fines de semana. Consistorio y Gobierno vasco llegaron ayer a un acuerdo para intensificar la vigilancia policial de concurridas zonas de ocio juvenil como la céntrica calle Juan de Garay y el Megapark. «Queremos dar respuesta a una demanda creciente, pese a que nuestra localidad sigue siendo segura», aclaró el alcalde, Tontxu Rodríguez.

Policía local y Ertzaintza se coordinarán para aumentar la presencia de agentes en la vía pública. Los efectivos no sólo lucharán contra las reyertas, sino que perseguirán también la práctica del botellón, prohibida en el municipio tras la aprobación a finales del pasado año de una ordenanza al respecto. El despliegue pretende suceder al dispositivo que en febrero de este mismo año puso en marcha el Ayuntamiento para devolver la seguridad a Juan de Garay, tras el grave apuñalamiento de un joven después de una pelea violenta.

Pero el acuerdo va más allá. Agentes locales y autonómicos acentuarán su persecución contra el tráfico de drogas en el entorno de la escuela de idiomas e intensificarán la vigilancia en los barrios periféricos. Asimismo, el pacto contempla la coordinación de actuaciones «con algunas personas de etnia gitana que generan problemas en Retuerto» y contra los «extranjeros que provocan incidentes». Más allá de la seguridad ciudadana, Ertzaintza y Policía local colaborarán en la regulación del tráfico y en delitos sobre violencia de género.

Más plantilla

El alcalde de Barakaldo dio a conocer ayer el acuerdo en compañía del consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, con quien mantuvo una reunión de más de una hora en las dependencias municipales. El regidor aprovechó la ocasión para anunciar también la próxima ampliación de la Policía local en diecinueve agentes, hasta sumar una plantilla de 143. La localidad alcanzará así un ratio de 1,43 guardias por cada mil habitantes, a sólo siete centésimas del «mínimo» que aconseja la Unión Europea para las grandes ciudades.

La incorporación de los nuevos efectivos dará respuesta a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aprobó el Consistorio en el pleno de enero y que aún no se había aplicado. El Partido Popular local ya denunció la pasada semana el déficit de policías. La formación conservadora advirtió de que la Guardia urbana no disponía de una plantilla suficiente para «llegar a tiempo» a las distintas zonas de la ciudad y desveló que las denuncias de los ciudadanos quedaban «sin respuesta con más frecuencia de la que resultaría deseable».