El Gobierno regional concederá 12 meses de moratoria a los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada para la planificación urbanística del territorio ocupado por la Cañada Real. El Consejo estudiará hoy el nuevo borrador del anteproyecto de Ley que debe regular la situación de la vía pecuaria de 14,2 kilómetros. Todas las administraciones tendrán que acordar cómo se resuelven los problemas sociales de la zona. Tras la aprobación de la Ley, los consistorios dispondrán de seis meses para realizar un censo de fincas y ocupantes. Los residentes ya buscan documentos para acreditar el tiempo que llevan residiendo en la Cañada La cuenta atrás para acabar con el caos de la Cañada Real comenzó en la noche del martes y podría terminar en la primavera de 2011. El anteproyecto de Ley impulsado por el Gobierno Regional convierte los 14,2 kilómetros de vía pecuaria en bien patrimonial y por tanto en propiedad de la Comunidad de Madrid. Este texto podría ser aprobado a finales de 2009 y a partir de ese instante los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas dispondrán de seis meses para censar los inquilinos. También tendrán un año para que, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, determinen el uso que quieren dar a los suelos objeto de desafección (industrial, residencial, zona verde…).

Tras tres meses de negociaciones entre la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y los municipios afectados, el Ejecutivo regional, reunido en Consejo de Gobierno, estudiará hoy el texto del anteproyecto de Ley, que tiene como objetivo fundamental proponer una alternativa de futuro para una zona donde viven 45.000 habitantes.

La ordenación del territorio se efectuará por cada Ayuntamiento mediante modificación de sus Planes Generales. Por lo tanto, se calcula que en la primavera de 2011 la Cañada Real esté definitivamente legalizada. A partir de entonces los municipios empezarán a ejecutar sus proyectos.

Enajenar terrenos

Transcurrido ese plazo, la Comunidad tendrá derecho a enajenar dichos terrenos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos. En todo caso, una vez que los Ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada.

Asimismo, de forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona (Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y Ayuntamientos) deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.

Con el objeto de determinar a qué fincas y ocupantes de la Cañada afecta el nuevo régimen jurídico establecido en la Ley, los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas – Vaciamadrid deberán elaborar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, un censo de fincas y ocupantes.

Ese va a ser uno de los grandes problemas, establecer los parámetros que van a conducir a la legalización de los actuales ocupantes de la Cañada Real. De momento en el anteproyecto de Ley, no figura ninguna referencia. Se especuló con la posibilidad de que se incluyeran en este censo de legales los inquilinos que llevasen 30 años de residencia. Pero por el momento no hay nada definido.

Con todo, en la Cañada Real ya hay intranquilidad y los vecinos, que se consideran con derecho a quedarse con el terreno donde viven, buscan los documentos o recibos que acrediten su estancia. «Nosotros llevamos muchos años pagando el IBI a Coslada y no tendremos problemas», señalaba ayer un vecino.

Aguirre: «Teníamos un lastre»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre recalcó ayer que el acuerdo es una solución «a este problema que durante tantos años ha estado lastrando a Madrid, una Comunidad que está en la vanguardia de todo, económicamente la número uno de España, y una de las primeras de Europa». «Me comprometí a presentar un proyecto de ley que fuera fruto del consenso entre las distintas administraciones, los ayuntamientos afectados y los distintos grupos políticos», recordó. Desde el Gobierno regional aseguraron que el texto irá o bien en el Consejo de Gobierno de mañana o en el de la próxima semana. A su juicio, con este principio de acuerdo, aunque «no hay que echar las campanas al vuelo», se «va por buen camino», indicó Aguirre.

Precisamente, señaló que, en su opinión, la región que ella gobierna tenía este «lastre, este baldón, que es la instalación ilegal de tantas personas y tantas familias con problemas sociales y problemas de exclusión, problemas muchas veces de delincuencia, en cuya raíz muchas veces está la ilegalidad de la situación de esas viviendas», añadió.

Por ello, apuntó que han dado «pasos adelante importantes» que van por el camino de acabar con «la ficción y con la falsedad de decir que la Cañada Real era un paso de ganado», ya que, según indicó la responsable del Ejecutivo autonómico, hace que no pasa ganado por la Cañada Real «probablemente 40 ó 50 años». «Hay que terminar con esa hipocresía», apostilló.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, anunció que ha remitido una carta a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, para solicitarle una reunión a la mayor brevedad posible para abordar las soluciones a la problemática de la Cañada Real Galiana.

La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, considera que la Cañada «es sobre todo un problema social que exige una solución social», en la que espera que exista «diálogo y consenso» entre todas las administraciones implicadas. También insistió en que más que un asunto urbanístico es un «problema social complejo» que debe abordarse con un plan consensuado que acabe con la «pobreza y la exclusión social».

Más seguridad

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa Díaz, aseguró que la intervención social en La Cañada generará seguridad a los vecinos de la localidad «que desde hace un tiempo conviven con una situación que combina marginalidad con delincuencia».

Para el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, los vecinos de la Cañada Real Galiana deberían participar en las negociaciones con las tres administraciones para la búsqueda de soluciones al problema de este emplazamiento.

La Fundación Secretariado Gitano celebró la noticia porque la zona saldrá del «limbo legal» en el que se encuentra ahora.

Por último, el presidente de la Federación de Rumanos en España (Fedrom), Miguel Fonda Stefanescu, lamentó que las asociaciones de inmigrantes no hayan sido convocadas a la comisión sobre la Cañada Real.