Zohra Gaabouri, una marroquí de 45 años, vive con su marido Boughaleb y sus tres hijos en la Cañada Real Galiana desde hace tres años. Exactamente en el denominado sector V, el situado en la frontera entre Vicálvaro (Madrid) y el municipio de Rivas, el mismo que hace dos años saltó a los medios por la pequeña que protagonizaron sus vecinos contra el desalojo de una vivienda. También en este sector la policía vigila un foco de islamistas radicales que ha acelerado el fin de la Cañada.

La casa de Zohra, humilde, contrasta con los modernos edificios de Rivas que se ven desde el patio, pero ella se encarga incesantemente de resolver cada desaguisado que los niños dejan por medio. “Es mi casa y quiero que esté bonita”.

Lo que ni ella ni la mayoría de sus vecinos sabían ayer es que tras el acuerdo del martes los gobiernos locales de los que depende la Cañada decidirán si las edificaciones se mantienen en pie (con la compra o cesión del terreno a sus moradores) o si tienen que ser demolidas.

Para conseguir su habitáculo, Zohra y su marido apostaron todo a una sola carta; compraron el terreno por 10.000 euros y firmaron un contrato con sus antiguos dueños españoles (a pesar de que nada en la vía pecuaria podía tener un propietario porque era terreno público). También pidieron un préstamo al banco para levantar la edificación, y se endeudaron con vecinos y familiares. La mano de obra la pusieron ellos. “Todo esto lo he hecho yo mismo, con mis manos”, reivindica orgullosos Boughaleb, cuyos 420 euros de paro, de los cuales 373 son para pagar la deuda con el banco, suponen el único ingreso de la familia actualmente. “Cáritas nos da ropa y comida”, apunta el matrimonio.

No les importaría ser realojados. Pero dudan. “¿Y si no nos diesen nada? Tendríamos que dormir en el parque”, se lamenta asustada la mujer, que espera poder conocer pronto la decisión del Consistorio. “Ésta es la vida y la ciudad de mis hijos, y por ellos no voy a volver a Marruecos”.

La misma situación viven muchos de sus vecinos, casi todos marroquíes que han comprado pequeñas parcelas a supuestos dueños en las que han levantado edificaciones por un valor medio de 30.000 euros, que aún deben a los bancos. “Me he gastado mucho dinero aquí, 35.000 en la casa y 12.000 en el terreno, si al final me lo tiran, ¿adónde voy?”, se pregunta Larbi Belkaader, otro marroquí que teme que la decisión pueda afectar al bienestar de sus dos pequeños.

Solamente algunos de los habitantes del sector V reconocen haber recibido cartas, hace ahora más de un año, en las que se les ordenaba el desalojo de sus viviendas en el plazo de dos semanas. Pero desde entonces no volvieron a tener noticias. Y ahí siguen. “Las grúas sólo se han pasado para tirar las que estaban deshabitadas. La única en la que había gente y aún así tiraron es ésta”, dice Abduilaha, el joven que vive en la casa por la que el 18 de octubre de 2007 se desató la ira de los vecinos contra la policía; y la misma que en pocos días estaba de nuevo en pie gracias a la colaboración y la solidaridad de las otras familias.

El resto del vecindario asegura que nunca fueron advertidos cuando pidieron préstamos personales a los bancos para construir sus viviendas ni cuando empezaron a edificarlas. “La policía venía, te veía levantar la casa y encima te saludaba. Si es ilegal, ¿por qué esperaron a que nos gastásemos el dinero?”, se pregunta Mohamed Snusi, otro habitante del barrio.

En contrapartida a todo este gasto, en esta comunidad no se paga ni luz ni agua, pero sus habitantes aseguran que lo harían si el barrio recibiese esos servicios de manera normal. “No pagamos nada, pero queremos pagarlo, queremos que se nos trate como a todo el mundo. Queremos carreteras, farolas, agua…”, comentan José Flores y María Carrasco, uno de los matrimonios gitanos que habitan en el sector desde hace más de 20 años. Esta pareja dice que por pagar, incluso pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). “Seremos pobres, pero trabajadores, la gente de aquí está luchando por su familia, y no pedimos nada, sólo seguridad y legalidad”.