La Comisión Europea examinará el paquete de medidas contra la inmigración adoptado ayer por Italia para verificar su «compatibilidad» con el derecho comunitario, anunció el comisario de Justicia, Jacques Barrot. «Las reglas de expulsión automáticas por categorías enteras no son aceptables» para la UE, advirtió el comisario, quien aseguró que los controles de inmigrantes deben ser «individuales» y «proporcionales».

La nueva legislación, aprobada ayer por el Parlamento italiano, endurece las medidas contra la inmigración promovidas por el gobierno de Silvio Berlusconi. El texto introduce un delito de inmigración clandestina castigado con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros, acompañada de la expulsión inmediata del país. Igualmente, convierte en obligatoria la presentación del permiso de residencia o del pasaporte para declarar el nacimiento de un hijo y legaliza las rondas nocturnas de ciudadanos.

Las medidas han sido condenadas por la izquierda así como por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la Iglesia católica. Fueron aprobadas gracias al voto de confianza, un mecanismo que se emplea para evitar el debate en el Parlamento, debido a las críticas que generan incluso en el seno de la coalición gubernamental. La cárcel como castigo fue excluida debido a la superpoblación carcelaria en Italia.