“Es un tema muy complicado”. Ésta es la frase más repetida por las administraciones sobre la situación de las casi 300 personas que viven al raso, sin agua y sin luz, junto al puente de hierro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), desde el pasado 29 de marzo, después de que huyeran del Polígono Sur tras una reyerta en la que un chico de 17 años murió de un disparo fortuito.
El defensor del pueblo, José Chamizo, abrió la veda a principios de abril con una queja de oficio para denunciar las condiciones infrahumanas en las que vivían estas 41 familias y el absentismo escolar de 95 menores. Y Educación informó a la Fiscalía.

A mediados de mayo, la Junta creó una comisión, junto a la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, para tomar medidas conjuntas. La situación ha desbordado a las administraciones y la comisión se ha disuelto. Las medidas tomadas hasta el momento han consistido en llevar a los menores 10 días a un centro para poder ser examinados tras dos meses y medio sin ir a clase, dar acogimiento a todos los niños y a las madres menores, abrir una oficina para analizar la demanda de vivienda y suministrarles agua.Mientras, pasa el tiempo y el calor acuciante desespera a los chabolistas, que no pueden volver a los pisos donde residían porque están precintados. La mayoría de ellos estaban ocupadas de forma ilegal, y aún así han roto el precinto en dos ocasiones, lo que ha suscitado revuelos en el Polígono Sur.

Miembros de la Unión Romaní están haciendo de mediadores de forma extraoficial. El comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, que no participa en las decisiones de la Junta, se ha reunido con los mediadores y ambos defienden que la idea de que vuelvan al barrio es muy peligrosa. “No queremos volver, pero no me puedo quedar sin casa”, dice Ángel, un chabolista.

La Consejería de Vivienda abrió una oficina para que los huidos documentaran sus propiedades, pero hasta septiembre no les responderán. Significa esto que pasarán el verano a pleno sol, y un brote de varicela ha agravado la situación. Salud confirma que actualizó los informes sanitarios el pasado jueves. “Por aquí no ha venido nadie a vernos”, aseguran los chabolistas.

Luis Pizarro, adjunto al defensor del Pueblo, atendió ayer a varios chabolistas que fueron a su oficina para pedir soluciones y aseguró que solicitará a Salud que garanticen su atención.

“Reconocemos que es un lugar en el que no se puede vivir”, comentó ayer la consejera de Igualdad, Micaela Navarro. Desde su consejería se ha propuesto llevar a un centro a todos los menores que viven en el poblado (incluidas las madres menores de edad), iniciativa que han rechazado por defender la unidad familiar. Igualdad volverá a ofrecérselo y, para que conste, ha informado a la fiscalía de la respuesta de las chabolistas. El descampado es de propiedad estatal y ayer se reunieron el Ministerio de Economía y la Junta para decidir qué hacer allí. Una pregunta extensible al resto de administraciones, y, de momento, sin respuesta.