J. G. ALBALAT
BARCELONA

Cumplirá 13 años el próximo mes de julio. En los últimos cursos, Ángel ha estado matriculado en un colegio de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), pero ha faltado mucho a clase. Ahora, sus padres se enfrentan a una acusación de la justicia por ese absentismo escolar. A pesar de que se les advirtió, no hicieron nada para que su hijo fuera a la escuela. Pero su caso no es único. Desde febrero, la fiscalía de Barcelona ha presentado al menos otras cuatro denuncias y tiene abiertos tres asuntos del mismo tipo. La mayoría de los denunciados son españoles de etnia gitana y hay un madre rumana. Algunos padres se justifican diciendo que no pueden controlar a sus hijos .
Los casos de absentismo escolar reiterado que han sido denunciados llegaron a la fiscalía a través de los servicios de atención a la infancia de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra, que lo comunican cuando sorprenden varias veces a un menor en la calle en horario escolar y sin compañía de un adulto. La denuncia está avalada por informes de diferente tipología, tanto de índole escolar como social, y por las citaciones reiteradas remitidas a la familia del niño desde diferentes organismos de la Administración y que los padres han obviado. Cuando la policía autonómica pone en conocimiento de la fiscalía un hecho de estas características, este organismo judicial se encarga de recopilar los informes necesarios.

LAS PRUEBAS / En el caso de Ángel, por ejemplo, la documentación ha puesto de manifiesto una grave transgresión de carácter penal de los deberes legales de patria potestad por parte de los padres. La fiscalía sostiene que los progenitores no han cumplido con del derecho a la educación que ostenta el menor, al haberse comprobado el absentismo escolar. Las certificaciones emitidas por el centro donde estaba matriculado revelan que en un curso de 143 días lectivos faltó 133, lo que supone un absentismo del 93%. El porcentaje mínimo en otros años fue del 69% y el máximo, del 83%. Pese a la intervención de los organismos públicos, el absentismo se siguió produciendo con la misma intensidad en el último trimestre del curso 2007-2008. Al entender de la fiscalía, esta situación tiene un claro encaje en el delito de abandono de familia, que está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con una multa, así como con la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad, tutela y acogimiento familiar por un tiempo que puede ir de cuatro a 10 años.

VELAR POR LOS MENORES / El Código Penal establece que debe ser condenado el que deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Entre esos deberes, según la fiscalía, están, en su núcleo central, los de educación y formación. Las denuncias presentadas inciden en que el Código Civil, precisamente, refiere como deberes de los padres sobre sus hijos «velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral».
Por su parte, y en igual sentido, el Código de Familia de Catalunya dispone: «En virtud de la potestad, el padre y la madre han de cuidar de los hijos y tienen, en relación con ellos, el deber de convivencia, de alimentación, en el sentido amplio, de educación y de formación».

SU BIENESTAR / El Tribunal Supremo ya aclaró en una sentencia que los deberes de asistencia no son únicamente de contenido alimenticio o económico, sino que engloban todos los deberes legales, incluidos los morales. La fiscalía precisa en sus denuncias que «es evidente que un incumplimiento del deber de procurar la educación y formación del menor por parte de los padres puede y debe tener trascendencia penal». Y agrega que «la educación y escolarización del menor condicionan su bienestar presente y futuro, contribuyen a construir adecuadamente su personalidad y a conformar su identidad, y le permiten desarrollar sus capacidades en la edad adulta». Para que la educación y la formación sea efectiva, sostiene, se requiere el compromiso de los padres.