FRANNS Melgar Vargas, el chico boliviano de 33 años que perdió un brazo trabajando en una panificadora de Gandía, ha salido del hospital con todos los papeles en regla. La expresión más rotunda de la discriminación ha tenido un final medio feliz. Franns disfruta de una estancia legal en España, aunque se va a encontrar impedido el resto de su vida para acceder a un trabajo en igualdad de condiciones con el resto. Una responsabilidad en la que una parte fundamental de la irresponsabilidad la tienen los hermanos que tenían abierta la panificadora. Estos dos delincuentes a los que la expresión Derechos Humanos no les suena de nada; a los que la infinidad de agujeros que presenta a diario el fenómeno de la inmigración les está llenando las arcas de manera ilegal; estos personajes que viven del dolor ajeno y que ven en la debilidad y la desesperación del inmigrante una fuente de ingresos muy saludable por opaca. Sólo cuando casos como el del brazo amputado salen a la luz la sociedad se da cuenta de que miles de personas trabajan a diario en condiciones lamentables, con jornadas interminables, y careciendo de la más mínima garantía ni de seguridad ni laboral, ni de tipo alguno. Algunos hablan de economía sumergida. Sí. Sumergida en la indefensión, fenómeno del que se lucran empresarios sin escrúpulos que llegan a demostrar hasta dónde puede llegar su desarraigo con la raza humana cuando se comportan como en el caso que nos ocupa. Estoy convencido de que estos casos que asaltan el corazón permiten que cada día se pasen muchas más personas al lado más activo en la defensa de la igualdad de derechos de toda condición. En muchas, demasiadas ocasiones, nos ciega la diferencia y no reparamos en el fondo, en lo que nos hace iguales.

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