El Gobierno baraja la opción de que sea una unidad específica de la oficina del Defensor del Pueblo quien se ocupe de controlar la aplicación del plan de lucha contra la tortura que se implantará sobre todo en los centros de detención policial.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer en el Congreso que el Ejecutivo tiene previsto comenzar a implantar «de forma inmediata» los mecanismos previstos en este plan, que todavía no está cerrado porque sigue en discusión entre los Ministerios de Interior y Justicia, los agentes sociales y organizaciones de derechos humanos, un diálogo que comenzó hace más de un año.

El llamado Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que trata de aplicar al trabajo policial y judicial parte de las recomendaciones realizadas por la ONU, prevé medidas como la instalación de cámaras de vídeo y equipos de grabación en los calabozos y salas de interrogatorio, el aumento de los controles médicos a los arrestados, la reducción del tiempo sin asistencia letrada, o la prohibición de incomunicar a menores. Se trata de medidas similares a las que ya están en marcha en el País Vasco o las que exigen algunos jueces antiterroristas como Baltasar Garzón. Su desarrolló también será visado por un consejo asesor en el que estará representada la sociedad civil.

Fernández de la Vega avanzó estas medidas dentro de la comparecencia que realizó en la Comisión Constitucional del Congreso para presentar el Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre pasado y del que señaló que ya se han cumplido casi 40 de las 172 actuaciones que contempla.

Uno de los mejores

Este plan implica la actuación de la mayor parte de los Ministerios y pondrá en marcha medidas para extender a toda la sociedad de los principios de igualdad y no discriminación, y aumentar las garantías para el respeto de los derechos humanos tanto en la política interior como en la exterior. De la Vega rechazó las críticas del PP, que se opuso al proyecto por estar falto de contenido.

La vicepresidenta, que defendió que España tiene ya «uno de los mejores sistemas de protección y garantía de derechos del mundo», dijo que el Gobierno tiene intención de remitir al Parlamento antes de final de año uno de los proyectos de ley estrella de este plan, el de Igualdad de Trato y No Discriminación. Se trata de una norma que abarca buena parte de la actividad social y que quiere implicar más a las administraciones, la Fiscalía y los tribunales en combatir los delitos de odio (racismo y xenofobia), la discriminación en todas sus formas.