Mauricio M. R., natural de Guinea Ecuatorial, se ha convertido en la penúltima víctima del sistema. Un fallo en la identificación de un compatriota terminó con sus huesos en la cárcel. Se le acusó de un delito que no había cometido. Y no sólo fue la acusación, sino que esta se convirtió en castigo: una condena de cuatro años.

El error le ha supuesto un año tras los muros de Picassent hasta que se han esclarecido los hechos. Y allí continúa. A la espera de que el juzgado dé el visto bueno para su puesta en libertad.

El drama para Mauricio comenzó a gestarse en mayo de 2007 tras una detención en Las Cañas, por aquel entonces, el mayor punto de droga de la ciudad. Un compatriota fue detenido durante una redada. Se le tomaron las huellas dactilares, pero no dio su nombre auténtico. Facilitó los datos de otra persona, Mauricio. Ambos son de Guinea Ecuatorial. Posiblemente incluso se conocían.

Según las mismas fuentes, al cabo de unos meses se dictó una orden de busca y captura contra esta persona. Mauricio es detenido e ingresa en el módulo de preventivos de Picassent. Nunca dejó de luchar por su inocencia, y envió diversas cartas a las autoridades judiciales siempre subrayando que él no era esa persona. Nada surtió efecto. Fue condenado a cuatro años.

Carambola indignante

Entonces se puso en huelga de hambre. El destino, además, le jugó otra carambola. El azar quiso que la persona que le había inculpado fuera encarcelada también. Y para colmo compartió celda con el falso acusado. El pasado viernes, el guineano decidió poner punto y final a su protesta. Un hecho fue el detonante de este cambio: la prueba que llegó hasta la dirección de la cárcel. Efectivamente, Mauricio tenía razón. Sus huellas no coincidían con las que se tomaron al hombre que dio sus datos. Pero, además, Mauricio tenía razón en el otro punto de su denuncia. Las improntas correspondían con las de su compañero de celda.