E STOS días, las primeras páginas de todos los periódicos bolivianos traían noticias referentes al trabajador que perdió un brazo en un accidente laboral, en una localidad del Levante español. Era un inmigrante sin papeles, esto es, ilegal , algo que no puede rebajar en nada la responsabilidad penal de quien lo empleaba y sacaba provecho de su situación.

Una máquina atrapó al trabajador y le arrancó el brazo. El patrón del accidentado, panadero, muy humanitario él, lo llevó al hospital, pero abandonó al boliviano a una prudente distancia de la entrada, diciéndole que chitón, probablemente que ya arreglarían. Una vez cumplida su labor humanitaria, regresó al obrador, cogió el brazo cortado o lo que quedaba de él, porque aclararon que los restos estaban en malas condiciones como para hacer algo con ellos, los metió (o metieron: esto ya se aclarará en la instrucción) en una bolsa de plástico y los tiró a un contenedor de basura. Luego limpiaron la máquina, el lugar y siguieron trabajando, esto es, haciendo panes frescos, riquísimos suponemos. Como suponemos, dado que en una panadería no suele trabajar un solo operario, habrá testigos de lo sucedido, hace ya un par de semanas, que no han dicho esta boca es mía: muy humano también esto. Todo es muy humano en esta historia.

Y lo es por supuesto la conducta claramente dolosa, de mala fe manifiesta, cuya tipificación penal sin embargo está muy por debajo del dolor demostrado, de los patrones del trabajador boliviano. Las declaraciones de los panaderos son asombrosas: hacer lo que hicieron le produjo a uno de ellos una crisis nerviosa, cosa que puede probar con parte médico. ¿Qué es un brazo arrancado de un inmigrante frente a la crisis nerviosa de un ciudadano de pro? Nada, poca cosa. Una eximente.

Una cosa son las medidas administrativas de urgencia que se han tomado, como la paternalista legalización del inmigrante o el cierre más ejemplar que otra cosa del obrador, y otra, la sentencia que se dicte en su día, cuando la llamada alarma social haya cedido y las cosas se enreden, como de costumbre. No me cabe ninguna duda de que ese obrador volverá a elaborar y a vender panes tiernos. Ya me gustaría saber cuál va a ser la pena y el monto de la indemnización que la acompañe.

Otros datos: el trabajador accidentado tenía jornadas de 12 horas de trabajo por las que percibía 23 euros diarios de salario (unos 207 bolivianos), aunque sin Seguridad Social. Ese es un buen sueldo para Bolivia, en cuyas calles puedes ver anuncios de sueldos mensuales de 900 o 1.000 bolivianos… Es preciso saber por qué emigran.

Un abuso, uno de tantos, que padecen, sobre todo, inmigrantes sin papeles, ante una indiferencia casi ritual del público que un día se escandaliza y al día siguiente mira para otra parte, cuando se da cuenta de que el problema es irresoluble.

Sí, hay una inspección de trabajo, pero no llega a todos los casos; los delitos contra la seguridad y la explotación laborales están tipificados, pero la comisión de esos delitos es algo cotidiano, muy común, que no genera una condena social rotunda, activa, y en consecuencia una persecución legal de verdad activa.

Con todo, esa noticia al margen de que se comenta sola, vista desde Bolivia resulta ligeramente distinta a cómo puede verse desde España. En Bolivia, estos días, el español representa al patrón sin escrúpulos, explotador, ladrón y criminal, y el accidentado, boliviano, representa a todos los bolivianos víctimas de agravios, abusos y humillaciones, tanto de los verdaderos, como de los falsos, cosa que saben los medios de prensa que los expanden.

Algo que cuando menos te obliga escuchar comentarios que preferirías no oír. Nada ganas con entrar en discusiones. Y es que esa y otras noticias te hacen acreedor de unos agravios delictivos en los que no has tomado parte ni de cerca ni de lejos, y te obligan a escuchar reclamaciones referidas tanto al pasado lejano, como al presente del país receptor de inmigrantes legales e ilegales , cuya ilegalidad se discute y niega por parte de quien se beneficia de la llegada de remesas, en la medida en que la búsqueda de un trabajo digno es uno de los derechos sancionados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Esa, la de los españoles, criminales desde la conquista, es una cantinela que no creo que haya viajero que se haya librado de escuchar, dependiendo siempre del grado de instrucción y elegancia de vuestros interlocutores. Una cantinela que les permite no revisar jamás el papel que jugaron, durante la época virreinal, los caciques Huarachi, Calahumana, Cusicanqui, Huacalla, Siñani… (más todos los grupos territoriales, familiares y sociales que dependían jerárquicamente de ellos), la alta sociedad criolla de terratenientes y grandes propietarios (de las minas a las plantaciones enormes de hoja de coca en Los Yungas: un negocio fabuloso) o el continuado fracaso republicano, o el expolio de las materias primas por parte de una clase social criolla de siglos o de advenedizos… La historia se escribe como nos conviene. El tener un culpable de nuestros males y errores es muy descansado y si se comparte, como el odio, une mucho, da mucha cohesión social.

Por callar, callan hasta que su grito de independencia fue “¡Viva el Rey, muera el mal gobierno!”. Por no hablar del origen claramente español de la mayoría de los que manifiestan ese odio inveterado a lo español. Y nada de tiempos virreinales, descienden de inmigrantes que llegaron aquí a finales del siglo XIX, en plena república, a trabajar en minas o en plantaciones, algunos de ellos, como sucedió en la Amazonía gomera, en condiciones de esclavitud. Prefieren no saber de dónde vienen.

Cuando no se entiende que no hay otras responsabilidades que las personales (en la medida en que sólo el individuo es titular de derechos y obligaciones) o aquellas también personales, pero indirectas y más difusas, derivadas de políticas gubernamentales cuyas acciones hayamos apoyado de manera tácita o expresa, no hay nada que hacer: el panadero de Gandía somos todos los que tenemos documentos de identidad del Reino de España.