El secuestro de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos que llegan a México con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, se ha multiplicado en los últimos años, con la finalidad de conseguir dinero de sus familias.

En el informe, el organismo público de protección a los derechos humanos recogió datos de casos registrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009.

“Durante ese tiempo ocurrieron cuando menos en nuestro país 198 casos de secuestro de migrantes indocumentados, en los que 9,758 personas fueron víctimas de privación de su libertad”, dice el documento, presentado por el presidente de la comisión, José Luis Soberanes.

“Esos hechos ilícitos, generalmente impunes, con rasgos de extrema crueldad y cometidos tanto por el crimen organizado como por agentes de la autoridad, produjeron a las bandas delictivas un beneficio aproximado a los 25 millones de dólares”.

Soberanes afirmó que el alto número de casos “debe constituir una señal de alarma” y lamentó que no exista una actuación “enérgica y efectiva” de las autoridades.

La mayoría de los secuestrados (67%) fueron hondureños, seguidos por salvadoreños, guatemaltecos, nicaraguenses, ecuatorianos, brasileños, chilenos, costarricenses y peruanos, y la mayor parte de los casos ocurrió en el sur de México.

Los autores son tanto traficantes de personas, como bandas de secuestradores, supuestas pandillas juveniles o personas que se identificaron como miembros del grupo de Los Zetas, el antiguo brazo armado del Cártel del Golfo.

Durante el cautiverio, en casas de seguridad, bodegas o incluso vehículos, muchos de los inmigrantes sufrieron amenazas y golpes, e incluso fueron asesinados.

“Fue registrado el caso de 157 mujeres secuestradas, cuatro de ellas en estado de embarazo; dos fueron asesinadas por los plagiarios; otras fueron violadas y una obligada a permanecer con sus captores como ‘mujer’ del cabecilla de la banda”, denunció la comisión.