El drama de Edgar Franns Rilles, el inmigrante boliviano en situación irregular que perdió un brazo en una panificadora de Gandía (Valencia) y fue abandonado por su jefe cerca de un hospital, ha desatado todo tipo de condenas y provocado la reacción del Gobierno, Comunidad Valenciana y sindicatos.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, señaló ayer en Alicante que confía en la posibilidad de normalizar la situación de Edgar por “razones humanitarias” si éste lo solicita, mientras que el Ejecutivo valenciano anunció la paralización del horno por “deficiencias técnicas”, sobre todo en la instalación eléctrica.

Para Consuelo Rumí, “es evidente que éste es uno de los casos que puede” acogerse a la regularización por razones humanitarias. Además, dijo, la víctima no tiene antecedentes penales y puede garantizar su presencia en España desde hace tres años.

Trámites para la regulación

La secretaria de Estado adelantó que tendrá que ser la subdelegación del Gobierno la que lleve a cabo los trámites y anunció que el Observatorio del Racismo y la Xenofobia ya ha empezado a recabar información sobre los hechos acaecidos y la situación laboral de Edgar.

Por su parte, la sección valenciana de Comisiones Obreras presentó ayer una denuncia en los juzgados de Gandía en la que se recoge los relatos aportados por el afectado y por su familia, y la declaración que prestó ante la Guardia Civil tras el accidente, ocurrido el 28 de mayo.

En el escrito se expone que la víctima no disponía de ningún tipo de contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Además, no contaba con formación previa en una empresa en la que estuvo más de un año y medio.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también se refirió al suceso y garantizó que caerá “todo el peso de la ley” sobre los dos hermanos dueños de la empresa, la panificadora Horno Rovira Safor.

Corbacho comentó que en esta época de crisis muchas personas aceptan cualquier puesto de trabajo y “alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico” sin respetar los derechos de los trabajadores.