El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer en Valladolid que “debe recaer todo el peso de la ley” sobre el empresario propietario de una panificadora que, presuntamente, no asistió a un inmigrante boliviano que sufrió un grave accidente laboral y perdió un brazo en una empresa en Real de Gandia (Valencia). Corbacho afirmó que se ha producido una situación “ilegal”, ya que el trabajador carecía de contrato y trabajaba 12 horas diarias por unos 700 euros al mes, y, supuestamente, el empresario “no prestó atención suficiente” al accidentado.

El ministro comentó que, en épocas de crisis como la actual, muchas personas “aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico” sin respetar derechos de los trabajadores. Por ello, añadió, en lo que va de año se ha incrementado en un 30% la labor de la Inspección de Trabajo contra “la economía irregular”.

“Quienes contratan tienen que saber que la Inspección de Trabajo será contundente”, ha advertido. El ministro hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Éste calificó de “presunto delincuente” al empresario aunque su actuación “no es una conducta generalizada” entre la patronal.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró que el caso del inmigrante puede entrar en los supuestos contemplados por la ley de regularización por razones humanitarias. “Si se solicita la regularización, se va a estudiar”, puesto que “es evidente que es uno de los casos que puede acogerse”.