EL Gobierno sigue dando tumbos en materia de política de inmigración. Durante la legislatura anterior, el criterio de «papeles para todos» convirtió a España en paraíso de las mafias que trafican con seres humanos, y, al llegar la época de las vacas flacas, el Ejecutivo tampoco acierta con las medidas imprescindibles para encauzar un problema que ofrece múltiples dimensiones en el plano social y económico. De momento, más del 80 por ciento de los inmigrantes no quiere regresar a su país de origen y se resiste a participar en el Plan de Retorno Voluntario, que sólo ha logrado captar a 462 personas en el primer trimestre del año. Así pues, la puerta está abierta, pero casi nadie tiene intención de salir. Los datos oficiales demuestran el fracaso de una nueva iniciativa gubernamental que no consigue ofrecer los alicientes necesarios. Como es notorio, el número de permisos de residencia y de trabajo ha descendido por causa de la crisis, pero esta rebaja apenas alivia la difícil situación de un colectivo que sufre con singular intensidad las secuelas del paro y la pérdida de puestos de trabajo en empleos poco cualificados.

La retórica buenista produjo pésimos resultados en su día, incluyendo un «efecto llamada» que ha generado un desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado laboral para unos trabajadores de características singulares. Por fortuna, los episodios de xenofobia son muy reducidos hasta el momento, pero conviene mantener la alerta porque la situación de crisis es muy propicia para generar tensiones en la convivencia social. En rigor, los datos que ofrece el Plan de Retorno Voluntario son la prueba incontestable del fracaso de una política errática y dispersa. La cooperación con los países de origen no termina de producir los frutos necesarios y tampoco la coordinación con nuestros socios en la Unión Europea funciona con la eficacia que sería deseable. El Ejecutivo vive al día también en esta delicada materia, poniendo en marcha una serie de ocurrencias para salir del paso. Cuando el informe oficial reconoce que solo el 7,9 por ciento de los inmigrantes tiene intención de regresar a su país es que los mecanismos no son apropiados para encauzar un problema tan complejo. Las políticas públicas deben ser evaluadas en función de sus resultados y no de las buenas intenciones de sus promotores, que hay que dar por supuestas. Así las cosas, habrá que esperar la formulación de nuevos proyectos y exigir que se aporten soluciones razonables antes de que sea demasiado tarde.