Edgar Franns Rilles, un boliviano de 33 años, abandonó su país en busca de un futuro mejor. «Mi tía, que tiene la doble nacionalidad, nos hizo la carta de invitación para mí y para mi hermana. En Bolivia yo repartía huevos. Mi ilusión era ir a Japón a trabajar en Toyota porque tengo pasión por sus coches, pero pensé que en España podría sacarme algún dinero», explica mientras se retuerce de dolor en la cama de un hospital de Valencia. Sus esperanzas se han visto arrancadas de cuajo. Literalmente. Una máquina de la panificadora de Gandía en la que trabajaba le succionó el brazo. Fueron cinco interminables minutos de infernal pelea, en la que al final se quedó sin su extremidad izquierda. Pero eso no fue lo peor: tras el accidente, su jefe la cogió sin contemplaciones, la metió en una bolsa de basura con restos de masa y otros desperdicios, y la lanzó a un contenedor para no dejar rastro alguno del siniestro. Edgar no tiene papeles. Esá contratado de forma ilegal. Si era descubierto, su patrón se la jugaba. Cuando la Policía recuperó el brazo, tras varias horas de búsqueda, ya era demasiado tarde: su estado era tan lamentable que el implante resultaba imposible.

Ante el riesgo de que se desangrara, el propietario de la compañía se vio obligado a trasladarle a un centro sanitario. Pero, en una nueva muestra de ‘humanidad’, lo dejó tirado a 200 metros de la entrada de Urgencias con una advertencia: «Si te preguntan, cuenta que tuviste un accidente, pero no digas nada de la empresa». Su único objetivo era que no se le relacionase con su hasta entonces empleado. Acto seguido, desapareció pisando el acelerador. Sólo la intervención de un viandante, que le ayudó a llegar al hospital, evitó consecuencias mayores.

En un primer momento, Edgar no aclaró a los médicos el origen de sus lesiones. Pero la inconsistencia de su relato levantó sospechas. Los responsables del centro sanitario avisaron a la Policía, ante la que acabó por narrar el accidente. Varios agentes se trasladaron entonces a la empresa. Para entonces, el patrón ya había ordenado limpiar la máquina que succionó el brazo al joven boliviano y continuar la producción. Él y su hermano – los propietarios del negocio – fueron detenidos el pasado martes por un delito contra los derechos de los trabajadores «ya que tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato». Horas después quedaron en libertad. La tragedia se fraguó el 28 de mayo, aunque no se ha conocido hasta ahora.

«Esto no se lo perdono», masculla Edgar, que empezó a trabajar en la panificadora el 10 de octubre de 2007 «sin contrato». «Al principio cobraba 900 euros al mes por trabajar de doce de la noche a doce de la mañana, de lunes a sábado. Luego me bajaron el sueldo a 700 euros por las mismas horas», explica en la cama del hospital en la que, entre quejidos, exclama en ocasiones: «¡Mierda! El brazo…»