L a elevación de la natalidad en nuestro país hasta su mayor nivel desde 1990 – 1,46 hijos por mujer en edad de procrear – otorga un cierto respiro a una sociedad que puede convertirse en 2050 en la segunda más envejecida del mundo por detrás de Japón, con lo que ello supone en la readecuación de los patrones de convivencia y en la redistribución de los recursos públicos. Al igual que ocurre con el padrón, la inmigración está resultando decisiva en el repunte de la fecundidad, dado que uno de cada cinco niños nacidos en 2008 lo fue de madre extranjera. Un dato que puede responder a múltiples factores, desde la mayor resistencia que presentan quienes provienen de otras latitudes a renunciar a la maternidad, aunque las condiciones puedan no ser las más propicias, a la menor extensión de las políticas contraceptivas entre la población inmigrante. Lo que refleja que la procreación es una decisión personal pero en la que siguen influyendo, de manera determinante en muchos casos, elementos culturales, sociales y económicos aunque se conviva en la misma sociedad.

Pero el aumento de la natalidad, aun cuando sea por comparación con las reducidas tasas que venía presentando España, también sugiere que la misma ha podido verse favorecida tanto por el sostenido período de bonanza económica, como por el impulso a las políticas de ayudas a la maternidad y de conciliación entre la vida laboral y la familiar. Es previsible que la crisis sembrará nuevos temores a contraer el compromiso que supone tener un hijo si flaquea la seguridad económica. Pero ello no debería enmascarar la realidad latente de muchas mujeres – y de sus para las que resultan insuficientes los incentivos directos sin un cambio más efectivo en los hábitos de vida y de trabajo, que eviten que la maternidad siga implicando renuncias y sacrificios más allá de lo que por sí misma supone.