La federación de ayuda a los inmigrantes Andalucía Acoge anunció ayer la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la nueva orden autonómica que regula las retribuciones de los abogados de oficio aprobada por la Junta. Según la federación, el documento “merma” el derecho a asistencia jurídica gratuita que las leyes reconocen para los inmigrantes en situación irregular.

La Ley de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dan este derecho a los extranjeros “en todos” los trámites administrativos de la denegación de entrada, la devolución, la expulsión y las solicitudes de asilo. Pero la orden aprobada por la Junta el 9 de marzo “elimina” la retribución a los letrados por “la mayoría” de los procedimientos en vía administrativa y “vulnera” el derecho de defensa de este colectivo, según José Luis Rodríguez, responsable jurídico de Andalucía Acoge.

La retribución, asegura la federación, queda ahora limitada a los recursos administrativos (cuando la orden de expulsión ya está dada) y sólo en los llamados puntos de entrada masiva. “Si por ejemplo cogen a un inmigrante en Sevilla no tiene derecho”, asegura Rodríguez, que teme que “si la orden no prevé la retribución para algunos trámites, el abogado no los va a hacer”.

La Junta se ha comprometido a estudiar el tema. El viceconsejero de Justicia y Administración Pública, José Ortiz, aseguró que, tras conocer la denuncia de Andalucía Acoge, ha dado orden a la dirección general de oficina judicial, entidades y justicia juvenil para que “analice” la orden. “Queremos saber si la denuncia es fruto de un error de interpretación o si hay alguna disfunción”, señaló Ortiz.