Alexandra nació en Portugal hace seis años, hija de una pareja de inmigrantes indocumentados, ucranio y rusa. Ante las dificultades para el cuidado de la pequeña, la entregaron a los 17 meses a un matrimonio portugués, João Pinheiro y Florinda Vieira, que se hizo cargo de la custodia. Según consta en el expediente judicial, la niña estaba mal alimentada, mal tratada y con problemas de salud e higiene. Pasaron más de cuatro años, hasta que el 24 de abril pasado un juez ordenó la devolución de la niña a su madre biológica. Una decisión polémica que fue recibida con sonora indignación, que arreció cuando las autoridades migratorias portuguesas expulsaron del país a la madre y a su hija, después de que la policía descubriera que no tenían papeles. Fueron repatriadas a Rusia hace dos semanas.

Colegas de la escuela de Alexandra y amigos han convocado para mañana una vigilia de protesta en Braga. El fin de semana pasado hubo otra manifestación que reunió a portugueses, rusos y ucranios. Uno de ellos quemó ante las cámaras su pasaporte ruso por sentirse avergonzado, según dijo, de sus autoridades, a las que acusa de presiones para conseguir la repatriación de Alexandra. La pequeña Xaninha, como la llaman en Portugal, pelo rubio, ojos grandes de color azul y mirada despierta, ha generado una ola de simpatía y solidaridad de un número creciente de portugueses e inmigrantes rusos que reclaman el regreso de Alexandra como si fuera hija suya. En pocos días se han recogido 20.000 firmas, han aparecido webs, blogs, y se ha abierto una cuenta bancaria “para defender únicamente los intereses de Alexandra”.

Los impulsores de la campaña en defensa de la pequeña niegan a la madre biológica, Natália Zaburina, la capacidad de cuidar de su hija, y aseguran que en Portugal nunca tuvo un empleo fijo (tampoco su marido) y que vivía atrapada por el alcohol.

El juez Gouveia de Barros, del Juzgado de Guimaraes, justificó la devolución de la pequeña a la madre biológica porque, en su opinión, el objetivo final de los padres que tenían la custodia era “la adopción de Alexandra”. “Debe respetarse el principio de prevalencia de la familia”, señala el fallo judicial, que se remite al “concepto de interés superior del niño”, establecido en la Convención sobre Derechos Humanos, firmada en Nueva York en enero de 1990. El criterio del juez ha sido puesto en duda por algunas autoridades portuguesas. “Equivocarse es humano”, dijo el ministro de Trabajo y Solidaridad Social, José Vieira da Silva. Más contundente fue el alcalde de Oporto, Rui Rio, que afirmó que la decisión del juez de Guimaraes muestra “la incapacidad del sistema judicial portugués”.

En Moscú, Nikolai Svanidze, asesor del presidente ruso para derechos de los ciudadanos, ha sido más contundente: “Si los padres de allá eran buenos y aquí las condiciones son terribles y la madre está alcoholizada… había que suspender los derechos de maternidad y entregar la niña a los padres portugueses”.