madrid – El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía incumple la ley al no declarar en desamparo a los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en los distintos centros andaluces.
Según consta en el Informe Anual de 2008 de la oficina que dirige Múgica, esa acción de no declarar formalmente la situación de desamparo es «incompatible» con la legislación de protección de menores vigente y la actuación de la consejería que dirige Micaela Navarro «no puede entenderse más que como el incumplimiento de una actuación que ha de realizarse por ministerio de la ley».
La Consejería andaluza aplica ese criterio al entender que a muchos de estos menores no se les puede considerar como desamparados porque sus familias conocen su situación, sin embargo, Múgica desaprueba este proceder al entender que es indudable que los menores se encuentran en España «en una situación de total desatención por parte de quienes están llamados a protegerlos y tenerlos a su cuidado». El informe recoge incluso que ya remitió a la Junta una recomendación para que modificase ese criterio.