Según el Defensor del Pueblo, los agentes ponen trabas a niños que viajan con su madre extranjera / En vez de avisar al otro progenitor, les devuelven sin que conste en acta Madrid

Jose es un niño nacido en Madrid de madre dominicana y padre extremeño. Cuando sus progenitores se separan, Jose se traslada con su madre a la República Dominicana. Pero un día los dos regresan y, en el aeropuerto de la capital, les ponen trabas porque ella no cumple con los requisitos de entrada. A Jose, a pesar de que es español, también le envían de vuelta a casa.

La Policía está cerrando la puerta de acceso a España a menores con nacionalidad española que llegan a Barajas acompañados de sus madres extranjeras. Los agentes devuelven tanto a las progenitoras como a los críos, en vez de contactar con los padres – que son ciudadanos españoles que residen aquí – para que se hagan cargo de ellos. Lo denuncia, en su informe anual, el Defensor del Pueblo, que recuerda que estas inadmisiones «vulneran el derecho de los menores españoles a entrar en su propio país».

La institución detecta que cada vez se producen en los aeropuertos más «problemas» de este tipo, fundamentalmente por el auge de matrimonios mixtos entre españoles y extranjeros. Cuando las parejas se rompen y hay que regular el régimen de visitas, los pequeños tienen que pasar muy frecuentemente por el drama añadido de que no les dejen atravesar la frontera. Pierden, así, la posibilidad de ver a uno de los padres y de estar en su país.

«Entendemos que debe primar el ejercicio del niño a entrar en España sobre el control de entrada al progenitor», explica a este diario la adjunta primera del Defensor, María Luisa Cava de Llano. Esta institución considera que la Policía no es quién para impedir la entrada a un menor español, que sólo puede ser devuelto si así lo deciden sus padres.

Aun en el supuesto de que no se lograra localizar al progenitor, los agentes deberían dejar entrar a la madre para que acompañara al niño, aunque ésta no tenga papeles.

La institución también ha observado otra irregularidad, consistente en que los nombres de estos niños que son devueltos nunca figuran en los expedientes de devolución. La razón es clara: si aparecieran, se estaría dejando constancia por escrito de la ilegalidad que supone denegar la entrada a un español en nuestro territorio.

La Policía no ha querido dar su versión de los hechos a este periódico, alegando que «nunca» comenta los informes que elabora el Defensor del Pueblo.

Y eso que en la memoria anual se dedica un extenso capítulo a denunciar las devoluciones arbitrarias que se producen en la que es la principal puerta de entrada de la inmigración, tanto regular como irregular, en España.

En el décimo aeropuerto del mundo en tránsito de pasajeros, más de 17.000 personas fueron deportadas el año pasado por no cumplir los requisitos de entrada. Pero, al mismo tiempo, a diario se cuelan infinidad de inmigrantes que no están obligados a pasar por ningún control policial porque llegan haciendo escala en países del espacio Schengen.

Paradójicamente, a los ciudadanos españoles y europeos cada vez se les ponen más pegas para entrar. El Defensor aprecia «desconocimiento en la práctica policial de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la propia normativa española».

Por no hablar del conflicto diplomático que España mantuvo con Brasil el año pasado porque en Barajas se devolvía a ciudadanas de éste país a las que erróneamente se confundía con prostitutas.

A estos problemas, los aeropuertos españoles suman otros, como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y las malas condiciones en las que se encuentran algunas salas de rechazados. «En Barajas nos habían dicho que iban a mejorar las instalaciones y lo han hecho, pero en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) todavía son muy mejorables», dice Cava de Llano.

Otras quejas fronterizas

>La Policía no quería dejar entrar en Barajas a una menor hija de una hondureña casada con un español (y que tenía, por tanto, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE). El Defensor intervino y al final permitieron que entrara.

>Se devolvió a unos niños hijos de una paraguaya también casada con un español. El Defensor no llegó a tiempo esta vez, porque el retorno se adelantó sobre el horario previsto que los agentes habían comunicado a la institución, algo que en el informe se califica de «deplorable».

>La Policía envió de vuelta a casa a una moldava, mujer de un rumano, a pesar de que tenía tarjeta de familiar de ciudadano comunitario.

>Tampoco dejó entrar a una mujer ecuatoriana a pesar de que ésta tenía visado de residencia y trabajo. Ya ni siquiera el visado es garantía para entrar en España.

>Cinco kurdos a los que se les concedió asilo denunciaron haber sido «golpeados» y «maltratados».

>A un peruano, la Guardia Civil le retuvo el pasaporte en un control previo y, al llegar a El Prat (Barcelona), no lo tenía y no le querían dejar pasar.

Náufragos de ida y vuelta

El Defensor también muestra su «honda preocupación» porque la Guardia Civil de Ceuta devuelve a Marruecos a los inmigrantes que intentan entrar a nado «sin la incoación de procedimiento alguno». Así, cita el caso de un padre y un hijo menor de edad que, pese a su condición de náufragos, no fueron tratados como tales. En la mente de todos está el senegalés que murió ahogado después de que la Guardia Civil le llevara de vuelta a aguas marroquíes y supuestamente le pinchara el flotador.