Donostia.Los menores extranjeros que llegan al Estado deberían tener por ley, en el plazo máximo de nueve meses, la documentación. Sin embargo, ¿no ocurre así?

Mi experiencia con los chavales que están tutelados en la Comunidad de Madrid es que no se ha conseguido documentar a ninguno en el plazo máximo de los nueve meses con la preceptiva autorización de residencia. Y en aquellos que, al final, se consigue, después no se tramita correctamente la pertinente renovación.

¿Por qué pasa?

Por falta de voluntad para hacer cumplir los derechos de la infancia inmigrante tutelada, que tiene previsto una serie de garantías de cara a su integración social y su mejor protección.

Sin embargo, parece que el estatus de extranjero se antepone al de menor en estos casos.

Digamos que sí. Es una de las consideraciones que podrían hacerse, porque no se explica que un menor, que podría estar tutelado y que tiene una condición de extranjero, por esta misma condición no se le documente como menor en situación de protección bajo un sistema público.

SOS Racismo ha denunciado que a los menores de un centro guipuzcoano se le vulneran dos derechos, primero el de la educación y segundo el de la tramitación de sus papeles. Según critican, el objetivo es el de “ponerles su futuro negro para que se vuelvan a sus países”. ¿Ocurre también en otros lugares?

En Madrid, el sistema de protección, si se documenta al menor, no se le notifica la resolución por parte de la Delegación del Gobierno. Con lo cual, el chaval llega a los 18 años sin saber que ha tenido una resolución para que él pueda gestionar la tarjeta de residencia. Quedan a expensas de ser expulsados cuando llegan a los 18 años, porque se entiende que esas autorizaciones sólo tienen validez durante el tiempo que están tutelados. Ésta es una práctica administrativa no deseable, pero es la tónica general. No se está documentando con seriedad y rigor al menor, cualquiera que sea su situación.

En las jornadas han planteado una propuesta, la de crear un representante legal o un letrado que acompañe “desde el principio” al menor.

Sí, es importante que para hacer valer las necesidades y derechos del menor, pueda ser asistido por un abogado, alguien que le represente técnicamente frente a una situación de vulnerabilidad en la que, durante el ejercicio de la tutela o como extranjero, se pueda ver involucrado. Que sea una figura que permita restaurar esa falta de garantías y derechos a las que se ve expuesto como consecuencia de prácticas irregulares.

Se trata de ser escuchado, que es lo que ha reivindicado usted una y otra vez hasta conseguir que el Tribunal Constitucional le diera la razón y dijera en una sentencia que los menores tienen derecho a defenderse, incluso contra la voluntad de sus tutores.

El Tribunal Constitucional en esta materia ha dado voz a los menores extranjeros no acompañados tutelados por las administraciones públicas diciendo que hay que respetar sus derechos fundamentales, como es el de acceso a la tutela judicial activa. En ese sentido, en el ámbito de la protección, habrá que permitir al menor que pueda acceder a los tribunales para la defensa de sus vulneraciones y ahí tendría sentido la defensa del representante legal o abogado, para hacer valer esos derechos.

¿Cree que los datos que se dan de menores no son reales?

Hay un registro central de menores pero no tenemos cifras oficiales . No se hacen públicos lo datos y, de los que hay, se duda de su veracidad por una falta de colaboración y cooperación entre todas las administraciones públicas de las diferentes comunidades autónomas de cara a saber con exactitud de cuántos menores estamos hablando.

El documento de residencia es, por tanto, fundamental para garantizar los derechos del menor.

Sí. La documentación se integra en lo que es la protección del menor como principio básico y eso le da la estabilidad y seguridad, y un respaldo necesario como menor de edad. Por lo tanto, no tiene sentido no documentar a los menores, sobre todo por una simple razón, porque si se habla de repatriar a un menor, la documentación no es ningún obstáculo para ser repatriado si esto beneficia su interés superior.

¿Debe ser muy frustrante, no sólo para los chicos, sino también para usted, encontrarse con estas trabas?

Para todos los que estamos trabajando con chavales, es frustrante y desesperante ver las situaciones de indefensión que han vivido, que les han conducido a una situación irreversible en muchos casos, con expedientes de expulsión cuando son mayores de edad, con una formación previa muy trabajada, con una inversión muy importante, para luego quedar en situación irregular. No parece muy coherente con esa política, pero ésta es la situación de indefensión que venimos denunciando.