Un conflicto social lleva más de un mes dividiendo a La Arboleda, el pequeño y pintoresco barrio de Trapagaran, de apenas 600 habitantes, sito en lo alto del monte. Una familia de etnia gitana – un matrimonio de veinteañeros y sus cinco niños de entre ocho meses y siete años – fue realojada allí por las autoridades el pasado 11 de mayo tras dos años viviendo en un hostal de Sestao. Desde entonces, decenas de vecinos hacen turnos para “vigilarles” a todas horas, aunque evitan llamarlo “acoso”, mientras educadores y voluntarios de diferentes colectivos acompañan, y en alguna medida, protegen a la familia para que no se sientan desamparados.

Así ocurre todos los días desde que llegaron Laura Jiménez, Manuel Hernández y sus hijos. Buena parte de los vecinos considera que la familia es “muy conflictiva” y quiere que se vayan del pueblo. Por ello se manifiestan desde que se supo de su llegada a La Arboleda, en octubre pasado, y, ahora que ya están instalados, han pasado a una segunda fase: mantienen las marchas, que suelen reunir a unas 100 personas – para la una de la tarde de hoy mismo está convocada otra – , pero han resuelto combinarlas con lo que llaman “presencia vecinal por la zona”.

Cuando algún miembro de la familia sale a la calle – al colegio, a comprar o sólo a tirar la basura – debe hacerlo acompañado por los voluntarios, mientras levantan buen número de miradas de recelo. En su casa, limpia y con pocos muebles, Laura se muestra reacia a hacer declaraciones, mientras le reclaman sus pequeños, que acaban de llegar del colegio. El aislamiento en su casa le angustia algo menos ahora que en la mayoría de las tiendas ya les atienden a ella y a sus obligados acompañantes. La pareja no trabaja y vive del cobro de la renta básica.

Hace días, las ventanas de su piso fueron apedreadas. Además, alguien les tapió la puerta antes de que entrasen a vivir. La Asociación de Vecinos de La Arboleda, organizadora de las protestas, censura estos comportamientos, pero responde que algunos de sus asociados han recibido “amenazas telefónicas”.

A los vecinos no les basta con que la abogada de la familia hiciese pública una nota que recalca que en los antecedentes penales de Hernández sólo consta un hurto de chatarra. Quieren ver ellos mismos el certificado y están seguros de que realojos como éste suponen importar conflictos desde otras zonas. Iñaki Zamarripa, el presidente de la asociación vecinal, apostilla que, cuando tienen dudas al respecto, bajan a Sestao, donde se han registrado otros conflictos vecinales, algunos de ellos también con familias gitanas.

De esa última localidad proceden Manuel y Laura. Allí vivían con sus hijos, en un bloque demolido hace dos años dentro del plan de “regeneración social y urbanística” de la Vega del Galindo que inició el Ayuntamiento. La familia se marchó entonces a una pensión cercana que pagaba Sestao – Berri, la sociedad que acomete la regeneración y en que coparticipan al 50% el Departamento de Asuntos Sociales y el consistorio. La familia era una de las 110 a las que se buscaría un alojamiento definitivo fuera de Sestao, pues un objetivo del plan era “evitar la concentración de familias perceptoras de renta básica, de etnia gitana o problemáticas”.

“¡Ya sé por qué ha venido este señor. Es por los carteles!”, exclama la mayor de los cinco hijos de la pareja refiriéndose al fotógrafo que acaba de entrar en su casa para tomar imágenes de los letreros que, hasta el pasado jueves, entorpecían las vistas desde su cocina con frases como “El pueblo no os quiere”. La niña “ya se va dando cuenta de lo que está pasando y pregunta, está preocupada”, apunta Marta, trabajadora social y voluntaria de Iniciativa Gitana que pasa con ellos varias tardes a la semana. Sus hermanos, en cambio, viven como una fiesta permanente que tengan siempre a gente en su casa. Pero el Consejo Gitano de Euskadi, SOS Racismo y el resto de colectivos que se han sumado al “acompañamiento” a la familia muestran su temor ante la futura relación de hermanos con los niños del pueblo.

Los pequeños siguen yendo al colegio en Sestao. “En septiembre vendrán a la escuela de La Arboleda y no sabemos cómo será la reacción”, explica Vicente Gil, técnico de Iniciativa Gitana, quien de lunes a viernes lleva a los niños a clase y les devuelve a casa. Ni Manuel ni Laura tienen carné de conducir y suelen ir acompañados en coche por personal de las asociaciones o por un amigo. “El acompañamiento acaba a las 20.00, después quedan aislados”, señala Ana Greaves, de SOS Racismo. Lo primero que se ve al llegar a La Arboleda son carteles: “Más currar y menos chupar”, “Conflictivos no”. En la Casa del Pueblo más antigua de Euskadi luce una esquela que informa de la “muerte de La Arboleda”. Y en la propia escuela, una gran pintada, con falta de ortografía incluida, les insta a marcharse: “Kampora”. El martes 19, agentes de la Ertzaintza se presentaron cuando varias personas colocaban uno de esos carteles y pidieron a dos que se identificaran. Dieron sus nombres más de cien. “Le dije al suboficial que si identificaba a uno, identificaba a todo el pueblo. Estuvieron dos horas apuntando nombres”, se jacta Zamarripa, quien mantiene que todo el pueblo está “unido”.

Sin embargo, varios vecinos, que exigen el anonimato, piden que no se meta a todo el pueblo “en el mismo saco”. “Veo mal lo que están haciendo, creo que es acoso”, dice uno de ellos. El único edil de EB en Trapagaran y vecino de La Arboleda, Javier Álvarez, censuró la actuación de la asociación. Asegura que alguien le pinchó después las ruedas de su coche. Una pintada a la entrada del pueblo reza: “Si no defiendes tu pueblo, márchate, J. A.” El destinatario es evidente.

Los propios vecinos retiraron el pasado jueves los carteles que se veían desde la cocina. Zamarripa explica que lo hicieron porque alguien del Ayuntamiento les pidió que “rebajasen la tensión”, ante una reunión que se producirá en las próximas semanas con la consejería de Asuntos Sociales. El consistorio, como el resto de instituciones públicas implicadas, declina hacer declaraciones, pero Pilar Souto, teniente de alcalde de Trapagaran, del PSE, hizo una excepción para manifestar a EL PAÍS que no cree que los vecinos estén incurriendo en un acoso.

Vecinos y colectivos sociales esperan que en esa reunión se encuentre una salida. Eduardo Motos, presidente de la asociación de gitanos de Barakaldo, recuerda que sigue en pie la oferta de que la familia se vaya a otro lugar si se les da un piso en las mismas condiciones. Pero ello, en opinión de sociólogos como Mikel Arriaga o Imanol Zubero, sentaría un mal precedente. “Sería una barbaridad poder decidir en asamblea quiénes son nuestros vecinos”, señala Zubero.