Documentan 67 casos de persecuciones a inmigrantes, la mitad ocurrida después de que Rubalcaba pusiera fin a los cupos Madrid

«Me llamo Mustafá, tengo 24 años y soy de Senegal. Estaba en la puerta de la mezquita y, cuando iba a entrar, me pidieron la documentación y me intentaron llevar a comisaría. Como soy muy creyente les pedí que antes me dejaran entrar a rezar, a lo que los policías respondieron: ‘Tu Dios puede esperar’… y me llevaron».

A Mustafá le apresaron en Madrid el pasado 23 de marzo, un mes después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, diera orden para que cesaran las redadas masivas e indiscriminadas puestas en marcha contra los sin papeles en varias ciudades españolas.

Pero la cacería no ha cesado. Al contrario. Se sigue produciendo «a diario» y cada vez de forma más inhumana. Lo denunciaron ayer dos ONG – la Asociación de Sin Papeles de Madrid y Ferrocarril Clandestino – , que han documentado 67 casos de ciudadanos que han sido víctimas de «controles selectivos racialmente orientados». La mitad de ellos ha tenido lugar después de que Rubalcaba supuestamente pusiera fin a estas prácticas. Al menos 10 han ido acompañados de malos tratos, según las ONG. «Nos aprietan las esposas, nos insultan y se burlan de nosotros. A algunos nos han golpeado. En comisaría nos encierran a muchas personas juntas, pasamos frío, apenas nos dan unas galletas…», enumeraba ayer en rueda de prensa el sin papeles Malik.

«Al llegar a la estación de Méndez Álvaro, me encontré con un control policial. Me detuvieron y me llevaron a la comisaría de Aluche. Me hicieron quitar toda la ropa y, así, desnuda durante media hora, nos insultaron a mí y a otras mujeres latinas que estaban a mi lado», relata la ecuatoriana María Luisa. Y añade el andino Juan, arrestado en una discoteca de la plaza Elíptica: «Al quejarme por el trato policial, pues, además de esposar a la gente, habían golpeado a un chico mexicano, uno de ellos me respondió que éste no era mi país, sino el suyo».

Nino Trillo, el abogado que se ha encargado del seguimiento de estos casos, recuerda que «no hay ninguna ley en el Estado español que ampare la persecución racial que está manteniendo el Ministerio del Interior». Marina Pérez, de Ferrocarril Clandestino, apostilla que esta práctica es «absolutamente desproporcionada» para combatir la inmigración ilegal, que en nuestro país no está considerada un delito, sino una infracción administrativa.

La consecuencia directa de todo esto es que el miedo se ha extendido. «Muchos de nosotros ahora nos quedamos en casa todo el día. Mejor no salir a la calle», confiesa Malik.

En la Policía Nacional volvieron ayer a negar los hechos e insistieron en que las detenciones se realizan siguiendo «objetivos delincuenciales».