Las imágenes de la muerte del joven antifascista Carlos Palomino a manos de un depredador neonazi, soldado profesional, además de conmocionarnos, van a cambiar la conciencia social sobre el problema de la violencia neonazi en nuestro país. Es verdad que desde los años noventa mantenemos en la memoria a la dominicana Lucrecia Pérez, al independentista Guillem Agulló, al aficionado donostiarra Aitor Zabaleta, al menor angoleño Augusto Dnombele y a otras víctimas de las más de ochenta que hasta la fecha tenemos identificadas como crímenes de odio por racismo o intolerancia; pero a diferencia de las anteriores, este asesinato visualizado y sus imágenes serán un testimonio determinante en la conciencia ciudadana frente a la intolerancia criminal, además de mostrar la sangre fría del autor y la ausencia de legítima defensa o miedo insuperable que esgrimen quienes le apoyan.

La violencia neonazi existe y está entre nosotros desde hace años. Se alimenta de xenofobia, racismo, homofobia, antisemitismo, islamofobia y de odio al diferente, al vulnerable y, también, a la convivencia democrática. La agitación de los grupos neofascistas, en un intento de aprovechar conflictivamente la crisis económica, está en una fase de crecimiento inquietante. En importantes ciudades de nuestro país se han realizado provocadoras manifestaciones xenófobas, en barrios obreros con alta densidad de inmigrantes se celebran conciertos racistas semiclandestinos, se incita al odio racial en Internet a través de más de dos centenares de webs, se convierten las gradas ultras del fútbol en viveros de grupos violentos, se realizan conferencias con negacionistas del Holocausto como David Irving, de racistas como el ex – líder del KKK David Duke, y adoctrinamiento con veteranos nazis como Manfred Roeder, actividades penalmente prohibidas en otros países. Todo ello junto a un proceso continuado de organización de grupos políticos neofascistas. Un goteo constante de actividades, una semilla de donde sólo germinan violencia e intolerancia.

Carece de sentido, tras el visionado del asesinato de Carlos Palomino, el discurso oficioso de las tribus urbanas, una interpretación que minimiza y banaliza este problema. En Europa, diversos países han adoptado medidas preventivas profundas, con instituciones y programas especiales en colaboración con organizaciones cívicas especializadas, como en Alemania y Reino Unido; la OSCE y el Consejo de Europa han emitido declaraciones, señalando su gravedad en Rusia, con 122 asesinatos, y otros países donde las cacerías se centran en los gitanos, además de significar la coordinación internacional entre los grupos neonazis facilitada por Internet. En España, pese al desmantelamiento y procesamiento de grupos como Hammerskin, Frente Antisistema, Blood and Honour, su militancia, tras cambiar de nombre orgánico, prosigue sus fechorías. Mientras tanto, las víctimas sufren incomprensión, soledad y ausencia de reconocimiento, cuando no se las criminaliza después de muertas o tienen que soportar el apoyo al agresor, como hacen con el imputado por el crimen de Palomino desde sus webs y agitación callejera.

Frente a esta realidad, los organismos internacionales alertan y piden acciones firmes a los Estados – como en la reciente Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo y la Intolerancia – , a los que recuerdan que “deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas”. Unos meses antes, la Unión Europea aprobaba la Directiva Marco de Derecho Penal, obligando a los Estados a sancionar penalmente a quienes inciten al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia cultural o religiosa. En España, la indolencia institucional y la permisividad de facto de la que en muchas ocasiones gozan los grupos neofascistas resultan incomprensibles.

No somos un país racista, ni xenófobo, ni antisemita. Nuestras leyes e instituciones no se orientan en esa proyección antidemocrática, pero sí hay conductas y expresiones organizadas de intolerancia, especialmente peligrosas en momentos de crisis económica, cuando esta lacra organizada tiene su opción, no sólo para atacar a colectivos vulnerables de inmigrantes, negros, homosexuales, musulmanes, judíos, indigentes, jóvenes de izquierdas, sino para golpear un edificio democrático al que odian con todas sus fuerzas, contaminan su interior y se conjuran para su derribo.

La defensa de los valores democráticos y los derechos humanos de todas las personas, en el marco de la legalidad del Estado democrático y en cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional, pasa por prohibir manifestaciones xenófobas, cerrar webs neonazis e ilegalizar organizaciones racistas, además de adoptar una legislación integral que ampare a las víctimas del odio, alcance a la educación, impulse una sensibilización preventiva y una fiscalía especial para actuar contra el racismo y la intolerancia, colaborando a nivel internacional para desmantelar las tramas y redes neonazis organizadas. En definitiva, situarnos en el mandato de la reciente Conferencia de Naciones Unidas, promoviendo una respuesta democrática, cívica y política, legal y sin violencia, pero con profundidad y extensión a todos los ámbitos sociales, incluidos los medios de comunicación. Todos juntos, en democracia, sí podemos.