NUEVA YORK (AP).— El primer caso de discriminación denunciada por un blanco llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en la década de 1970, cuando un estudiante con buenas notas llamado Allan Bakke acusó a la facultad de medicina de la Universidad de California de haberle negado el ingreso en dos oportunidades debido al color de su piel.

El tribunal decidió que aunque las cuotas raciales rígidas eran inconstitucionales, el programa para favorecer a los grupos minoritarios no lo era. Pero esa decisión quedó lejos de aclarar el panorama: al proteger a las minorías, ¿acaso discriminamos a la mayoría (anglosajona)?

Más de 30 años después, y de decenas de demandas, el asunto sigue sin respuesta clara. Mientras tanto, muchos estadounidenses han llegado a la conclusión de que ya no es necesario el programa para alentar la inclusión de minorías y que, por el contrario, en vez de favorecer la igualdad de oportunidades de los grupos minoritarios, lo que hace es castigar injustamente a los blancos.

A fines de abril, la Corte Suprema escuchó alegatos en un caso presentado por un grupo de bomberos blancos que decían que se les había negado ascensos debido al color de su piel.

“Las leyes que redactó el Congreso son claras: todos están protegidos ante la discriminación racial”, destacó Roger Clegg, presidente del Centro por la Igualdad de Oportunidades (Center for Equal Opportunity), organismo conservador que propugna que no se tomen en cuenta la raza ni la etnia. “No sólo los negros, sino también los blancos. No sólo los latinos, sino también los blancos”.

Aquéllos que favorecen el programa conocido como “acción afirmativa” dicen que las divisiones raciales aún existen en este país, 40 años después que comenzó el movimiento en defensa de la igualdad de derechos civiles para los negros. “La raza se permea en la sociedad de tal manera que no se puede obviar”, destacó Dennis Parker, director del proyecto de justicia racial de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Varios estados han enfrentado recientemente batallas legales entabladas por anglosajones que se quejaban de haber sido tratados de manera injusta porque se buscaba promover a negros e hispanos.

A principios de abril en Carolina del Sur, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo enjuició a una universidad para negros en nombre de tres catedráticos blancos que decían se les había negado empleos debido a su raza.

Simultáneamente, los funcionarios federales dijeron que llegaron a un acuerdo por el cual el Benedict College le pagó 55 mil dólares a varios profesores, incluida una catedrática de arte que dijo se le había negado un ascenso para dárselo a un profesor negro. La institución negó las acusaciones.

Asimismo, en abril, una mujer blanca de Texas demandó a un centro de asistencia a enfermos, al señalar que se le había discriminado y fue hostigada por el personal de habla hispana, porque no hablaba español.

Pero las distintas interpretaciones de la ley de acción afirmativa han generado problemas y quejas de los anglosajones, que dicen que, por ejemplo, el sistema de cuotas, en vez de resolver el problema de la discriminación, “son discriminatorias”, afirmó Clegg.

Pero Parker, de la ACLU, opina distinto. “Quiero pensar que hay igualdad en el terreno. La verdad, no la hay”, indicó Parker. “Está claro que ha habido cambios. Tenemos un presidente negro. Pero si voy a cualquier oficina de Wall Street, sería difícil negar que la gente blanca consigue empleos. Tampoco habría mucha gente negra, ni mujeres”, destacó.

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