WASHINGTON.— La Suprema Corte de Estados Unidos decidió ayer por unanimidad que aquellos inmigrantes indocumentados que utilicen documentos de identificación falsos para trabajar no podrán ser acusados de robo de identidad, a menos que se compruebe que eran conscientes de ello.

El fallo, un revés para el Departamento de Justicia, ha supuesto una victoria para Ignacio Flores Figueroa, un inmigrante mexicano que ha batallado durante dos años para evitar una condena de hasta seis años por haber utilizado documentos falsos para conseguir un trabajo en una planta industrial de Illinois.

El tribunal supremo consideró que el fiscal no presentó evidencia de que Flores Figueroa haya sabido que usaba números de documentos pertenecientes a otra persona cuando fue arrestado en 2006.

El fallo, que tendrá un importante impacto en la política migratoria y de seguridad de EU, fue descrito por Angélica Salas, directora de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Angeles (CHIRLA por sus siglas en inglés), como una decisión “justa, humana y oportuna”.

La gran mayoría de trabajadores indocumentados que usan documentos falsos para trabajar lo hacen sin saber que estos documentos le pertenecen a alguien. Precisamente, los abogados de Flores Figueroa consiguieron establecer que su defendido presentó esos documentos falsos para conseguir un trabajo, pero no para perjudicar a una persona.

En su afán por regularizar su situación, Flores decidió cambiar de nombre y papeles para registrarse bajo su auténtica identidad en el trabajo, pero al comprobar que el número presentado era diferente al que mostró cuando se contrató por vez primera, el patrón de la empresa lo denunció y las autoridades migratorias lo arrestaron.

Flores se declaró culpable de dos cargos de malversación de documentos de inmigración y un cargo de ingreso ilegal a Estados Unidos, por los cuales recibió una condena de 51 meses. Pero, después de este primer juicio, fue condenado por otros dos cargos de robo de identidad agravado, que añadieron otros dos años a su sentencia. Ayer, la Corte avaló su inocencia en este sentido.

La decisión limita el uso de una ley impuesta en 2004, que pretendía imponer mano dura contra expertos en robo de identidad, así como contra inmigrantes arrestados en redadas que, se descubra, hayan empleado números falsos de Seguridad Social, al igual que otros números de registro para extranjeros. Ahora, cientos de inmigrantes que han sido acusados por el delito de robo de identidad podrán defenderse ante los tribunales y demostrar que sólo querían un empleo.

Sin embargo, el procurador de Justicia del condado Maricopa, Andrew Thomas, señaló que en Arizona los indocumentados que utilicen documentos y números de Seguro Social que no les corresponden seguirán enfrentando cargos por robo de identidad, pues las leyes allí son distintas a las federales. (Con información de EFE)

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