Los juristas del Ministerio del Interior trabajan para moderar el polémico artículo del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que recoge los plazos de internamiento previstos para los inmigrantes en situación irregular. El precepto, que aumenta de 40 a 60 días el periodo de reclusión, establece además que ese plazo aún puede alargarse descontando del mismo el tiempo de tramitación de los procedimientos de asilo o de hábeas corpus o los días que el extranjero esté enfermo. También dice que puede ser prolongado por causas que impidan la repatriación de los sin papeles. La nueva redacción busca “precisar” esas “extensiones” del periodo de internamiento e incluir, además, su control judicial, según han adelantado a EL PAÍS fuentes del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las prórrogas de la reclusión fueron incluidas en el anteproyecto bajo el paraguas legal de la directiva europea de Retorno, conocida entre muchas organizaciones progresistas como “directiva de la vergüenza”. El Consejo Fiscal, institución que asiste al fiscal general del Estado, recuerda que la directiva autoriza a los Gobiernos de la UE a prorrogar hasta 12 meses el internamiento de los inmigrantes irregulares en los casos en que su repatriación se vea demorada por su falta de cooperación o por la de sus países de origen. En un informe no vinculante que remitió al Ejecutivo, el Consejo Fiscal aconsejó que las causas de suspensión fueran puestas en conocimiento del juez.

Con más dureza se pronunció el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. En un informe similar, señaló que los argumentos alegados para alargar la reclusión “no tienen un carácter objetivo”, sino de gran “discrecionalidad”. Según el CGPJ, ni la enfermedad de un inmigrante ni que la tramitación de su petición de asilo se alargue pueden ser motivos para prolongar su internamiento.

Pero los cambios en el anteproyecto de ley no se limitarán a ese discutido artículo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en Rumania que también serán modificados al menos otros dos preceptos que, según reconoce el ministerio en una nota oficial, “han recibido más críticas entre las ONG y los sectores jurídicos de la sociedad”. Uno es el que tipifica como falta grave (hasta 10.000 euros de multa) mantener económicamente a un inmigrante irregular; según el CGPJ, puede llevar a “criminalizar” la actividad “puramente solidaria” de las organizaciones que acogen y atienden a los inmigrantes. El otro se refiere a los menores extranjeros no acompañados, cuyo derecho a ser escuchados antes de proceder a su repatriación no queda suficientemente garantizado en el texto, según afirman el Consejo Fiscal y el Consejo del Poder Judicial.