El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en Bucarest que el Gobierno atenderá algunas de las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería. En concreto, el Ejecutivo modificará y hará precisiones al polémico artículo 53.2 del proyecto, que tipifica como «falta grave» la acogida de un inmigrante en situación irregular, lo que según el órgano de gobierno de los jueces podría dar a entender que la actividad de las ONG que atienden a estas personas podría considerarse una infracción y, por tanto, sería castigada. Asimismo, los menores no acompañados que vayan a ser expulsados de España deberán ser oídos antes de que se tome una decisión.

Corbacho, que el domingo comenzó una visita oficial a Rumanía, precisó que «el Gobierno nunca tuvo la menor intención de perseguir a las ONG porque ofrezcan su ayuda humanitaria a los inmigrantes irregulares. Sabemos que no cooperan en absoluto en el tráfico ilícito de personas ni, por supuesto, se dedican a hacer contratos a irregulares». El citado artículo 53.2 del anteproyecto tipifica como «falta grave» el «promover la permanencia irregular en España de un extranjero» entendiendo que ello se produce cuando éste «dependa económicamente del infractor más allá del periodo legalmente previsto» para su estancia en el país. «Con el fin de que no pueda incluirse como conducta infractora la actividad puramente solidaria de aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, dedican su actividad a la atención social de los inmigrantes, debería examinarse la posibilidad de excluir de este tipo a esos actos de hospitalidad», advertía el CGPJ en su informe aprobado la semana pasada. Otra de las críticas se centraba en la necesidad de que el menor no acompañado fuese oído en la tramitación de este procedimiento, como se recoge en la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional. «Los menores serán escuchados antes de su posible repatriación», afirmó el ministro.

El Consejo también criticó la posibilidad de ampliar el plazo de internamiento de los inmigrantes que soliciten asilo político, habeas corpus o sufran una enfermedad, pero Corbacho no se refirió a este asunto y remitió a Interior.