La nueva Ley de Extranjería que el Gobierno quiere sacar adelante este año no incluirá, tal y como estaba previsto en el anteproyecto, castigos de hasta 10.000 euros a las organizaciones no gubernamentales que ayuden o acojan a inmigrantes sin papeles.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en Rumanía que el Ejecutivo retirará del borrador de la futura normativa la persecución de este tipo de acciones humanitarias, tras las críticas unánimes a este artículo por parte de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo General de la Abogacía y las organizaciones afectadas.

El ya conocido como delito de hospitalidadestaba considerado como “falta grave” en el anteproyecto que el Ejecutivo ha sometido al dictamen de los diferentes organismos consultivos.

Según la redacción del artículo 53.2. del borrador, podía ser sancionada cualquier persona jurídica o física por el mero hecho de “promover la permanencia irregular de un extranjero” en España. Corbacho matizó ayer que “nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria en origen o destino”. “Eso nunca va a ser objeto de una sanción”, subrayó.

El precepto polémico no será el único que desaparezca del anteproyecto de ley que el Gobierno quiere llevar al Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes y medio, según anunció este lunes el ministro.

A favor de los menores

También se retocará el artículo que agilizaba al máximo la repatriación de los inmigrantes irregulares menores de edad no acompañados, incluso si estos niños y adolescentes carecen de una estructura familiar de acogida en su país de origen.

Tal y como había pedido el Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que apelaban a varias sentencias de Constitucional y el Supremo, los menores tendrán que ser escuchados obligatoriamente antes de su repatriación para valorar cómo será su vida en su país.

El Gobierno, tras los duros informes de los órganos consultivos, hará retoques en esos dos artículos, pero no hará concesiones en otro de los preceptos que más críticas han suscitado y que Trabajo considera indispensable mantener intacto: la limitación de la reagrupación al núcleo familiar estricto (cónyuge e hijos) con la negativa expresa de traer a España a ascendientes, aunque estos sean dependientes.