La nueva Ley de Extranjería que el Gobierno quiere sacar adelante este año no incluirá, tal y como estaba previsto en el anteproyecto, castigos de hasta 10.000 euros para las organizaciones no gubernamentales que ayuden o acojan a inmigrantes ‘sin papeles’. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en Rumanía que el Ejecutivo retirará del borrador de la futura normativa la persecución de este tipo de acciones humanitarias, tras las críticas unánimes a este artículo por parte del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía y las organizaciones afectadas. El ya conocido como ‘delito de hospitalidad’ estaba considerado como «falta grave».

El precepto polémico no será el único que desaparezca del anteproyecto de ley que el Gobierno quiere llevar al Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes y medio. También se retocará el artículo que agilizaba al máximo la repatriación de los inmigrantes irregulares menores de edad no acompañados, incluso si estos niños y adolescentes carecen de una estructura familiar de acogida. Tal y como había pedido el Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que apelaban a varias sentencias de Constitucional y el Supremo, los menores tendrán que ser escuchados obligatoriamente antes de su repatriación para valorar cómo será su vida en su país.

El Gobierno, tras los duros informes de los órganos consultivos, hará retoques en esos dos artículos, pero no hará concesiones en otro de los preceptos que más críticas han suscitado y que Trabajo considera indispensable mantener intacto: la limitación de la reagrupación al núcleo familiar estricto (cónyuge e hijos), con la negativa expresa de traer a España a ascendientes, aunque estos sean dependientes.

Corbacho adelantó que este artículo «se mantiene» en su actual redacción: sólo podrán viajar a España los miembros de la «familia nuclear». Además, para traer a los progenitores, el inmigrante legal deberá cumplir varias condiciones: tener una residencia de larga duración (cinco años), que sus padres tengan más de 65 años y que haya motivos que «justifiquen» la reagrupación. El ministro no quiso desvelar si el Gobierno ha aceptado las recomendaciones de los órganos consultivos en otra cuestión espinosa: el aumento de 40 a 60 días de los plazos de internamiento de los inmigrantes ‘sin papeles’ pendientes de expulsión para facilitar así las deportaciones antes de que los irregulares desaparezcan.

El Consejo Fiscal, en este punto, había propuesto que sea siempre la autoridad judicial la que fije los plazos, mientras que los representantes de los colectivos de derechos humanos rechazaron de plano la ampliación del tiempo de estancia en los centros de internamiento.

Regreso de rumanos

Celestino Corbacho aseguró ayer en Bucarest que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de ayudar económicamente a los trabajadores rumanos que se han quedado en paro en España y deseen regresar a su país de origen.

Unos 71.000 emigrantes rumanos de los más de 700.000 que viven en España se han quedado en paro en los últimos meses por culpa de la crisis económica. Hasta ahora, y a diferencia de lo que ocurre con otras colonias muy numerosas como marroquíes y ecuatorianos, ellos no pueden acogerse al ‘plan de incentivo al retorno voluntario’ puesto en marcha por el Ejecutivo porque su recién adquirida condición de ciudadanos europeos de pleno derecho impide cualquier ayuda económica para la volver a casa. Los trabajadores rumanos dados de alta a la Seguridad Social ascienden en la actualidad a 253.000.