Bucarest
Cada año, la Inspección de Trabajo realiza en torno a 15.000 actuaciones relacionadas con los abusos que los empresarios españoles cometen con los extranjeros. De ellas, entre 9.000 y 10.000 acaba en actas de infracción; es decir, en 10.000 trabajadores llegados de fuera estafados por sus patrones. Pocos son los que denuncian, entre el 15% y 16%, porque tienen miedo. Generalmente lo hacen cuando se ha extinguido la relación laboral. Las cosas están muy mal para el inmigrante que quiere trabajar en España. Lo cuenta el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Raimundo Aragón, que ayer firmó en Bucarest (Rumanía) con las autoridades rumanas un protocolo para luchar contra «los casos de abusos manifiestos» y «las actividades transnacionales presuntamente ilegales». Por este convenio – que también se quiere establecer en Francia, Bélgica y Polonia, entre otros – , los dos gobiernos se comprometen a «verificar, entre otros extremos, que la empresa con trabajadores desplazados dispone de infraestructura material y humana suficiente para el desarrollo de su actividad» y que «los trabajadores no comunitarios desplazados disponen de autorización para trabajar en el estado miembro de origen de la empresa que los desplaza». Trabajo ha detectado la existencia de las llamadas empresas buzón, que se crean sólo para llevar trabajadores de un país a otro.