ENRIQUE FIGUEREDO – Barcelona
La presencia masiva de prostitutas subsaharianas en toda la Rambla es la evidencia de un fracaso colectivo. No existen herramientas eficaces para su reorientación social, ni se les puede denunciar por infracción de la ley de Extranjería. No se puede hacer ninguna de ambas cosas porque sencilla y llanamente no tienen identidad. Son mayoritariamente mujeres sin nombre que por su conveniencia o por la de los proxenetas que las explotan han destruido sus pasaportes. Consiguen así el salvoconducto para seguir en la calle. Sin límite de tiempo. A lo sumo, pasan tres o cuatro horas en comisaría, donde se trata de identificarlas. En la mayoría de los casos, son gestiones infructuosas. Sólo en ocasiones se descubre que sus huellas se corresponden con las de una mujer a la que un día se le asignó un número ordinal y se le abrió un expediente de expulsión que resultó irresuelto. Vuelta a empezar. La prostituta no comete delito alguno por serlo y, como cualquier otro ciudadano, no puede ser retenida.
La prostitución subsahariana, cuentan los expertos, ha sido siempre más callejera que de salón. Ahora mismo su presencia, ya detectada al final de la Rambla a mediados de los años 90, es mayor. Empieza a registrarse actividad de estas mujeres en la zona de la calle Pelai. Nadie se atreve a afirmarlo abiertamente, pero si el número de estas profesionales del sexo se ha disparado es porque, probablemente, han encontrado en la Rambla un lugar donde el negocio es seguro y se ha producido un efecto llamada.

El hecho de que estas mujeres no puedan ser tratadas como cualquier otro extranjero en situación irregular en España no depende del lugar donde se asienta, en este caso la Rambla, sino de factores mucho más complejos. Según informaciones policiales a las que ha tenido acceso este diario, el número de subsaharianas con documentación en regla que ejercen la prostitución en el emblemático paseo barcelonés es muy bajo.

Los países de procedencia de estas mujeres no admiten la repatriación de nadie que no vaya perfectamente documentado. Las autoridades de los diferentes países delÁfricanegra “no colaboran casi”, se lamentan desde estamentos oficiales relacionados con la extranjería.

Existe una minoría de mujeres documentadas a las que sí es posible incoarles un procedimiento administrativo de expulsión. Es entonces cuando la Policía Nacional, única con competencias en esta materia, solicita a las autoridades judiciales el ingreso de la persona objeto del expediente en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) situado en la Zona Franca de Barcelona. Con ello, la policía se asegura, según su visión del procedimiento, poder notificar a la afectada todos los trámites y asegurarse de que presenta todas las alegaciones posibles que hagan que prospere o se archive la orden de expulsión.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, de cada 100 personas para las que se pide el internamiento en CIE sólo unas 20, en el mayor de los casos, son llevadas a la Zona Franca. Esa proporción se mantiene con las mujeres subsaharianas que trabajan en la Rambla.

Los jueces suelen denegar el ingreso cuando las mujeres aducen que tienen un domicilio fijo y conocido donde se les puede notificar, que tienen arraigo. En ocasiones, dan la dirección de una pensión o la del piso de un amigo o una amiga. Lo habitual, explican expertos en esta materia, es que a los dos días se esfuma de allí y el expediente queda completamente paralizado. La mujer desaparece hasta que vuelve a caer en manos de la policía en las numerosas redadas que se hacen en la Rambla y más tarde se ve que en su día se le inició un expediente. Y vuelta a empezar.

La Policía Nacional, la fiscalía y miembros de la judicatura han mantenido en los últimos meses reuniones de alto nivel para tratar de encontrar un punto de encuentro que permita hacer más eficaces estos trámites.

La Policía Nacional considera que la palabra de la persona retenida o detenida no debería ser suficiente prueba de arraigo a ojos del juez. La mayoría de las mujeres dan la dirección de viva voz sin aportar documento alguno y se le designa como domicilio para las notificaciones.

Los expertos reconocen que no hay una solución fácil al problema. Casi cualquier iniciativa exigiría cambios legislativos y medios para detener a quienes las ponen en la calle. El hecho de que las chicas no tengan documentación las sitúa en una tierra de nadie en la que continúa su explotación sexual.