En los últimos años España ha sido un país receptor de emigrantes. Millones de personas procedentes de otros países llegaban al nuestro con la esperanza de mejorar el nivel de vida que tenían en sus lugares de origen. Una economía pujante y con crecimientos sostenidos creaba puestos de trabajo, con papeles y sin papeles, y los inmigrantes veían cumplidas sus expectativas y recompensado su esfuerzo. La situación ha cambiado radicalmente, el paro crece cada mes y ni siquiera los pronósticos más optimistas consiguen ver el final de este proceso. En este cambio de ciclo económico, el colectivo de inmigrantes es de los más afectados, pues su tasa de desempleo prácticamente duplica la de los nativos.

Aunque la emigración forma parte de la historia de la humanidad, pocas personas dejan su país de origen para vivir en otros si no median circunstancia de necesidad económica o estímulos profesionales que lo justifiquen. El exilio, pues de un exilio se trata aunque sea voluntario, implica cambios de costumbres, dolorosas separaciones familiares y procesos de adaptación a menudo muy duros y complejos. La añoranza y el extrañamiento pasan a formar parte de la vida cotidiana del inmigrante, y esta situación es soportable cuando las necesidades económicas y la posibilidad de construir un futuro en otro país son realidad. Las remesas de dinero que los emigrantes conseguían enviar a sus familias justificaban todos los sacrificios, pero la crisis económica y el rampante desempleo que se padece en España han cambiado el panorama y han disipado muchas esperanzas.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo diseñó planes de retorno voluntario, a los que podían acogerse quienes desearan regresar a su país. Podían capitalizar sus indemnizaciones por despido y los subsidios de paro, pero con una serie de condiciones, entre ellas no poder regresar a España por un periodo de tres años. Poco más de 4.000 personas se han acogido a esta posibilidad, aunque los inmigrantes que han perdido su empleo son cientos de miles.

Con empleo o sin él, la mayoría de los emigrantes son muy conscientes de que en sus países de origen, menos desarrollados que el nuestro y sin las ventajas del Estado de bienestar, su vida y la de sus familiares son peores. Ya instalados aquí, con sus documentos en regla y legalizada su residencia, se resisten a regresar. Acabar atrapados en la economía sumergida es lo peor que podría pasarles y, a pesar de eso, España sigue siendo para ellos una oportunidad a la que no quieren o no se atreven a renunciar.