BILBAO. “¿Veinte adolescentes causan alarma social? Para mí no tiene otra explicación que el componente xenófobo. El hecho de que sean inmigrantes es un plus para causar esa alarma”, afirma en referencia a los menores conflictivos acogidos en Deba. Esta experta participó recientemente en unas jornadas sobre extranjería organizadas por la UPV en Bilbao.

Las autoridades vascas insisten en que los menores inmigrantes conflictivos son una minoría.

Es verdad. En los estudios que se han realizado se ve que el número de menores inmigrantes que cometen pequeños delitos no es superior al de los menores de aquí.

Sin embargo, causan una gran alarma social.

Sí, además hay un cierto componente quizá xenófobo, los centros de protección están saturados y se junta un poco todo. Es cierto que causan alarma, pero creo que en realidad está injustificada.

Muchos se juegan la vida en una patera o los bajos de un camión. ¿Se puede integrar a un menor que parece no tener nada que perder?

Sí. Muchas veces es la sociedad la responsable de que lleguen a esas situaciones. Los menores no vienen para delinquir, sino para trabajar y ayudar a sus familias. Asumen un papel de seudo padres. Lo que sucede es que la experiencia migratoria muchas veces es traumática. Están solos, no siempre encuentran la respuesta que deberían obtener, recorren distintas comunidades autónomas, pasan temporadas en la calle… Esto hace que algunos acaben siendo conflictivos, pero como cualquier menor de aquí que viva una experiencia similar.

A más de uno le irrita que se invierta tanto dinero en mantener y vigilar a chavales que roban y agreden.

En el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de protección de menores con trastornos de comportamiento se hablaba de que un menor de éstos, sea o no inmigrante, cuesta entre 3.500 y 4.000 euros al mes. Verdaderamente es caro. Aquí lo que se tendría que potenciar es el acogimiento familiar.

No creo que haya muchos candidatos para acoger a estos chavales.

En Inglaterra la experiencia del acogimiento familiar ha dado muy buen resultado. Además, se colabora económicamente con las familias. Podemos encontrar soluciones, pero falta voluntad política. En muchas ocasiones se hace política con la infancia, no para la infancia. Esto es algo que hay que cambiar.

Un magrebí conflictivo de 17 años es un menor, pero parece difícil que alguien quiera albergarlo en su casa.

Algunas leyes autonómicas ya contemplan el acogimiento profesional, en el que la persona acogedora es un educador social y recibe una remuneración. También pueden ser familias emigrantes del país de origen del menor a las que se ofrezca una aportación económica. Es verdad que el menor tiene que aceptar el acogimiento y la familia pasar por un procedimiento de idoneidad, pero tenemos que intentar algo, este tema no puede continuar así.

El diputado de Acción Social de Bizkaia cree que habría que cambiar la ley para repatriar a los menores “reincidentes”. ¿Es la solución?

La repatriación sólo estaría justificada si es conveniente para el interés superior del menor. Deberíamos preguntarnos qué ha pasado con esos menores y por qué son conflictivos. Me parece excesivo empezar a hablar de repatriaciones o de si tendría que modificarse la política de infancia por veinte menores conflictivos que haya en una provincia. ¡No van a poder 20 menores con el sistema! Entonces es que el sistema no funciona.

Se dice que Euskadi tiene fama de atender bien a estos menores. ¿No se produce un ‘efecto llamada’?

Es cierto que si los menores ven que en una comunidad autónoma les tutelan y obtienen el permiso de residencia, se produce un efecto llamada . En su día se dijo que en Cataluña les pagaban un billete al País Vasco y ahora se dice que en el País Vasco les pagan un billete a Galicia. Hay un efecto llamada interautonómico porque es muy costoso mantener los sistemas de protección de la infancia. Muchas comunidades dicen: Yo no le garantizo al menor el derecho a la protección que tiene porque si hago las cosas como la ley dice, se me vienen todos. Esto es algo que hay que solucionar.

¿Tiene idea de cómo resolverlo?

A raíz del caso de Gipuzkoa, se planteaba que tenía que haber solidaridad interterritorial y una mayor implicación del Estado. Estoy de acuerdo. El Estado dice que la protección de la infancia es competencia de las comunidades autónomas, pero si los menores llegan aquí es porque el control en fronteras, que es su competencia, no funciona. Debería hacerse eco de esas declaraciones, a veces desde la desesperación, de los responsables autonómicos y colaborar en la financiación de la atención a estos menores.

Si la solidaridad no funciona, ¿sería partidaria de establecer cupos?

No de manera imperativa, pero sí se habla en la nueva ley de la posible existencia de una conferencia sectorial. Podría haber órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades en los que, buscando criterios para garantizar la proporcionalidad, hubiera el compromiso de distribuir a estos menores entre las comunidades y trabajar conjuntamente para buscar soluciones. Otra cosa criticable es que en la mayoría de ellas existen dos sistemas de protección paralelos.

¿A qué se refiere?

A que hay unas medidas de protección para los menores de aquí y otras distintas para los inmigrantes, cosa que sólo estaría justificada, en la primera acogida, por cuestiones de idioma o culturales. A los menores de aquí les damos una protección con un proyecto educativo y a los inmigrantes les tenemos en un centro, les damos de comer y dormir, para que no estén en la calle y no generen alarma social, pero no trabajamos con ellos. También habría que trabajar en los países de origen, no tanto para que dejen de venir y evitarnos un problema, sino para que no mueran en el camino.

¿Cómo se puede frenar su llegada?

Ya hay acuerdos de colaboración y proyectos para trabajar en los países de origen. Eso es una responsabilidad del Estado, aunque también hay comunidades, como Cataluña, que están creando centros para darles formación en el país de origen.

¿Y funcionan?

Sí que están asistiendo niños de allí a los programas formativos, pero no ha funcionado para estimular el retorno. De todos modos, es un tema que hay que potenciar. Últimamente ha habido noticias de que las mafias iban por las aldeas con un vídeo de Informe Semanal para que los padres vieran cómo estaban los niños en los centros. Como se han puesto muy duros con la expulsión de los adultos, están trabajando para que envíen a los niños, por 900 euros el viaje. Es terrible. Tenemos que trabajar allí y evitar a toda costa que estas cosas pasen.

¿La mayoría de los menores que vienen se quedan a vivir aquí?

A la mayoría les cuesta mucho que la Administración les tutele y les dé el permiso de residencia. Muchos acaban pululando, viajando de un sitio para otro.