La reforma migratoria es un asunto pendiente en EE UU desde el Gobierno de Ronald Reagan (1980 – 1988). El entonces presidente ofreció una amnistía a los tres millones de sin papeles que residían en el país. Hoy esa cifra ha ascendido hasta casi 12 millones. En sus 100 primeros días en la Casa Blanca, Barack Obama ha lidiado con dos guerras, una grave crisis económica y una alerta de pandemia mundial. El de la inmigración es un asunto que deberá permanecer en la lista de espera, según el propio presidente ha confirmado.

El anuncio suscitó un aluvión de críticas a su derecha y a su izquierda. Los defensores de una reforma que ayude a los inmigrantes ilegales a regularizar su situación, le acusaron de posponer un asunto de máxima urgencia. En el otro extremo, los conservadores le reprocharon dejar intacto un sistema que, según dicen, resta puestos de trabajo a los estadounidenses.

El mandatario matizó: “Creo que habrá progresos en este año, y voy a hacer que esto se ponga en marcha tan rápido como me sea posible”. Añadió que el sistema migratorio actual “no es bueno para los trabajadores estadounidenses” y que es “peligroso para los mexicanos que intentan cruzar una peligrosa frontera”. Su intención es reformarlo. Obama ha manifestado su voluntad de ofrecer una regularización a los sin papeles que permanecen en el país. Una reforma “comprensiva”, según explica Audrey Singer, analista del think tank Brookings Institution. “El presidente quiere un seguimiento policial en la frontera y en los puestos de trabajo y una legalización que evite la drástica medida de deportar a inmigrantes que residen aquí desde hace años”, comenta.

Su política no se distingue mucho de la de su predecesor. George Bush intentó aprobar una medida similar que fracasó en el Senado en 2007. La propuesta bipartidista, elaborada por los senadores John McCain, republicano, y Edward Kennedy, demócrata, contemplaba un aumento de la vigilancia en la frontera con México, la creación de un registro informatizado de inmigrantes ilegales y un programa de trabajo temporal al que se podrían acoger 200.000 inmigrantes al año, que abriría una vía para la residencia permanente y la ciudadanía. Según los sondeos, sólo un 20% de los estadounidenses se oponía a la reforma, pero, como la senadora demócrata Diane Feinstein dijo entonces, “ese 20% expresó su opinión con voz muy alta”. Bush calificó el fracaso en el Congreso como “una decepción”.

Aún así, “los primeros pasos de Obama en este campo han marcado cierto cambio filosófico respecto a Bush”, comenta Singer. “Hasta ahora, el foco de estas redadas era detener a sin papeles. Ahora se penalizará a los que les ofrecen trabajo”. La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, anunció el jueves que la nueva prioridad son “los empleadores que hacen dinero de estos inmigrantes ilegales y les dan trabajos que deberían ser de estadounidenses”, según dijo a Associated Press.

Un millón de sin papeles son detenidos en EE UU cada año. Hasta 2006, a la mayoría se les ponía en libertad y se les llevaba a juicio. Bush cambió el sistema. Ahora, a los detenidos se les lleva a uno de los ocho llamados centros de detención para ilegales y se les envía a su país en un tiempo máximo de 90 días.

De acuerdo con su historial político, la posición de Obama en materia de inmigración es moderada. Por una parte, se opuso a convertir el inglés en la única lengua oficial de EE UU – que tiene más de 45 millones de hispanoparlantes – y votó a favor de que los sin papeles obtuvieran los beneficios de la Seguridad Social y que tuvieran la posibilidad de obtener la residencia legal. En el otro extremo, votó a favor del muro que se está construyendo en la frontera con México y propuso implantar un sistema informatizado donde los empleadores puedan comprobar si sus trabajadores son legales o no.