Los diputados, en un alarde de buenismo institucional, exigen al Gobierno reponer el Fondo de Integración como si los inmigrantes, en situación de precariedad social y económica, tuvieran una situación de especial desventaja y necesitasen de recursos públicos añadidos respecto a los ciudadanos autóctonos en iguales circunstancias, cuando en realidad comparten su suerte y tendrían que compartir las políticas públicas (locales, autonómicas y nacionales) para superar la exclusión social que les amenaza.
En principio, ni como ciudadanos ni como trabajadores deberían ser los extranjeros objeto de políticas diferenciadas. Asumir la diferencia de trato, aunque sea armada de buenas intenciones, legitima y esconde otras medidas excepcionales menos humanitarias, que van desde las expulsiones masivas de
inadaptados –entiéndase parados– que devienen en “irregulares”, pasando por la inmigración selectiva de los más aptos (tarjeta azul), hasta la existencia de una administración paralela para garantizar esa supuesta ayuda social diferenciada, pero también para asegurar el control permanente del administrado de origen extranjero (contrato de integración).
En una materia tan sensible como la inserción social de los inmigrantes, la intervención pública debe ser menos efectista y más efectiva que la efectuada hasta ahora. Habrá de ser discreta y eficiente, para que la propia sociedad asuma el reto de acoger a los inmigrantes y se adapte al cambio que necesariamente provocará su presencia.