El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por mayoría un informe interno en el que se critican algunas de las reformas que pretende introducir el Gobierno en la nueva Ley de Extranjería. Aunque el dictamen no es vinculante, los jueces piden al Ejecutivo que refuerce las garantías procesales de los inmigrantes en situación irregular. El pasado martes, el Consejo de la Abogacía también emitió un escrito en el que denunciaba que la nueva ley «criminaliza» a los ciudadanos ‘sin papeles’.

El informe del órgano de gobierno de los jueces aconseja ampliar los derechos de los menores no acompañados que tengan procesos abiertos para el retorno a sus países de origen, reclama la exigencia de audiencia al interesado en los procedimientos de expulsión y pide excluir como «infracción grave» aquellos actos de hospitalidad realizados con carácter solidario y sin ánimo de lucro en apoyo de los inmigrantes, una de las novedades más polémicas para las ONG.

El Consejo sugiere asimismo una mayor reflexión en la redacción relativa al cómputo del plazo de internamiento de un extranjero, que el Gobierno quiere situar en 60 días. La razón, alega el Poder Judicial, es garantizar la necesaria proporción entre esa medida «restrictiva» y el respeto a la protección de los derechos fundamentales. Además, solicita eliminar como causa de suspensión la tramitación de los procedimientos de asilo, la solicitud de ‘habeas corpus’ (garantía procesal) o la enfermedad, salvo que se acredite su empleo fraudulento.

Por último, el dictamen del Consejo constata que la nueva regulación salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas en extranjería. Un punto sobre el que dos vocales, los conservadores Concepción Espejel y Claro José Fernández, emitieron un voto particular discrepante al considerar que esta capacidad legal le corresponde en exclusiva al Estado.

Fondo de ayuda

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer la restitución de un fondo de 59 millones de euros destinado al ‘Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes’. Este acuerdo anula la declaración de no disponibilidad concerniente a los presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, iniciativa que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 13 de febrero. Esta ayuda se enmarca en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007 – 2010.