MaDRID – El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un dictamen muy crítico con el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, aunque avala la distribución de competencias que, en relación con los inmigrantes, se otorga a las comunidades autónomas en esta materia.
Precisamente, este último aspecto es lo que ha motivado el voto particular de los vocales Concepción Espejel y Claro José Fernández, quienes sostienen que la competencia en materia de extranjería corresponde en exclusiva al Estado. Pero, además, en su dictamen, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se destaca que, en el fondo, con la regulación del anteproyecto lo que se realiza es «consolidar con carácter general lo establecido en el Estatuto catalán» y ello «con carácter previo al pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional» sobre los recursos interpuestos.
Estos vocales, en relación con lo anterior, inciden en que el anteproyecto del Gobierno contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman competencias en la autorización inicial del trabajo, tal como establece el artículo 138 del Estatut de Cataluña, las cuales, inicialmente, se limitarán a un determinado ámbito geográfico y a un sector de actividad. «Pero a partir de la primera renovación se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación», por lo que la consecuencia no es otra que las decisiones que adopten las comunidades «generarán consecuencias y efectos sobre el conjunto del Estado y afectarán a la definición y planificación de la política migratoria estatal».
En cuanto al informe aprobado, el CGPJ recomienda la necesidad de reforzar las garantías de los menores no acompañados en los procesos abiertos para el retorno a sus países de origen. Además, se recomienda también excluir de las infracciones graves los actos de hospitalidad realizados con carácter solidario y sin ánimo de lucro en apoyo de inmigrantes.