El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por mayoría un informe interno en el que se critica una decena de reformas que pretende introducir el Gobierno de Zapatero en la nueva Ley de Extranjería. Aunque el dictamen no es vinculante, los jueces piden al Ejecutivo que refuerce las garantías procesales de los inmigrantes en situación irregular. El pasado martes, el consejo de la Abogacía también emitió un escrito en el que denunciaba que la nueva ley «criminaliza» a los ciudadanos ‘sin papeles’.

El informe del gobierno de los jueces establece ampliar los derechos de los menores no acompañados que tengan procesos abiertos para el retorno a sus países de origen y reclama la exigencia de dar audiencia a los afectados en los procedimientos de expulsión. También pide que modifique el artículo 53.2 C del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como «falta grave» la acogida de un inmigrante en situación irregular, al entender que la actividad de las ONGs que atienden a estas personas podría considerarse una infracción. Según detalla el polémico artículo, aquellos que acojan a ‘sin papeles’ podrán ser juzgados cuando los inmigrantes «dependan económicamente» de ellos «más allá del periodo legalmente previsto» para su estancia en el país.

En este aspecto, el CGPJ es contundente: «con el fin de que no pueda incluirse como conducta infractora la actividad puramente solidaria de aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, dedican su actividad a la atención social de los inmigrantes, debería examinarse la posibilidad de excluir de este tipo a esos actos de hospitalidad».

Voto particular

El consejo también sugiere una mayor reflexión en la redacción relativa al cómputo del plazo de internamiento de un extranjero, que el Gobierno quiere situar en 60 días. La razón es garantizar la necesaria proporción entre esa medida «restrictiva» y el respeto a la protección de los derechos fundamentales. Además, solicita eliminar como causa de suspensión la tramitación de los procedimientos de asilo, la solicitud de ‘habeas corpus’ (garantía procesal) o la enfermedad, salvo que se acredite su empleo fraudulento.

Por último, el dictamen constata que la nueva regulación salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas en extranjería. Un punto sobre el que dos vocales, los conservadores Concepción Espejel y Claro José Fernández, emitieron un voto particular discrepante al considerar que esta capacidad legal le corresponde en exclusiva al Estado. El Consejo de Ministros aprobó ayer la restitución de un fondo de 59 millones de euros destinado al ‘Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes’. Este acuerdo anula la declaración de no disponibilidad concerniente a los presupuesto del Ministerio de Trabajo e Inmigración.