A las 9 horas, y con la orden judicial bajo el brazo, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desalojaron ayer la vieja fábrica de Bombas Gens, situada en la avenida Burjassot, en Marxalenes. Alrededor de 60 personas, la mayoría inmigrantes subsaharianos, recogieron sus cosas a toda prisa para dejar la que había sido su casa desde el pasado verano, donde sobrevivían en unas condiciones extremadamente precarias.
Las primeros proyectos urbanísticos para eliminar la fábrica llegaron al Ayuntamiento a mediados de 2002. De las viejas instalaciones, abandonadas hace tres décadas, sólo permanecerá la fachada. El resto, junto a los solares de la manzana, dará paso a un gran aparcamiento y dos promociones de viviendas.
Tras la entrada de los agentes, se reunió a los ocupantes para proceder a su identificación. Aquellos que no tenían papeles fueron trasladados a la comisaría. El resto, cuya situación en España es legal, permanecían apoyados en la pared de la fábrica después de la intervención policial, si saber qué hacer, a dónde ir y con la seguridad de que la noche siguiente la pasarían al raso.
Los ánimos estaban calientes ayer, con mucha rabia contenida. No querían fotos, y pocos se atrevían a hablar. Oliver, procedente de Camerún, sí lo hizo, con un castellano perfectamente entendible. Como tantos, hace siete años dejó su país para escapar de la pobreza y ayudar a su familia. Aunque empezó bien, con trabajo más o menos constante, en los últimos dos años su andadura ha transcurrido por un camino lleno de obstáculos.
“Vine para ayudar a mi familia, pero hace dos años que no encuentro trabajo. Estuve en la construcción, en el campo y de camarero en Alicante. Al no tener trabajo, tengo que aparcar coches para poder comer y llamar a mi familia”, señalaba ayer a las puertas de Bombas Gens. Lo que no sabía es qué hacer a partir de ahora. “Quizá me vaya a Francia para encontrarme con otros hermanos”, subrayó.
La vieja instalación ha sido ocupada de forma reiterada durante los últimos años por personas sin recursos. Además, es una de las ubicaciones donde más actuaciones ha realizado la Concejalía de Sanidad ante la insalubridad del interior y tras las quejas vecinales.
Pero ayer no se podía acceder al recinto por orden de los agentes. Chema Toribio, de la Mesa de Entidades, explicaba que la mayoría dormía en colchones, aunque en el piso superior existía una especie de vivienda, que incluía una cocina. Algunos de los desalojados salían portando televisiones o incluso equipos de música, que pudieron hacer funcionar gracias a los empalmes realizados a la red de eléctrica.
La principal crítica de las asociaciones es que no se han ofrecido los recursos sociales necesarios para atender a estas personas, que ayer se desperdigaron por las inmediaciones de Marxalenes. Pero desde la Concejalía de Bienestar Social que dirige Marta Torrado informaron que los asistentes sociales se desplazaron hasta la zona para ofrecer 60 plazas en albergues. Además, apuntaron que desde la Delegación del Gobierno no se les había informado de la actuación.
Debido a su precaria situación, el pasado fin de semana se organizó una concentración a las puertas de la antigua fábrica para pedir más ayudas para los inmigrantes.
“El principal problema que han tenido es la falta de trabajo. Si no, no estarían en Valencia, habrían ido a otras ciudades para trabajar en el campo”, añadía Toribio. Es más, no encajan el perfil habitual del inmigrante subsahariano. La mayoría lleva varios años en España, y mientras pudieron pagar el alquiler vivían en pisos que compartían con compatriotas. La crisis, que siempre afecta más a los que menos tienen, les obligó a refugiarse en las viejas instalaciones.
Las asociaciones que les asisten apuntaron que a los inmigrantes, además, se les ha imputado un delito de usurpación de la propiedad. El juicio se celebrará el 14 de mayo.