vitoria. En el centro, en la periferia, en viviendas particulares e incluso en Viviendas de Protección Oficial. El presidente de la Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi (Auve), Adolfo Gago, aseguró ayer a este diario que al menos dos VPO de Salburua se han transformado en pensiones ilegales o pisos patera . A diferencia de las que existen en el centro de la ciudad, los inquilinos de estos dos domicilios son de origen magrebí, según los vecinos de estos portales. Las dos pensiones irregulares se ubican en los bloques dedicados a viviendas sociales en régimen de alquiler existentes en el Paseo de Berlín. “Es evidente que lo son por el trasiego de la gente que entra y sube. No es normal”, asegura.

“Como no tenemos acceso al interior, imaginamos que lo que hacen es alquilar las tres habitaciones, de manera que en cada piso viven seis o siete personas”, explica el portavoz de Auve. Un proceder éste totalmente prohibido por el Departamento vasco de vivienda, responsable de la gestión y control de las VPO en el País Vasco.

Al margen de la ausencia de control y mantenimiento de las viviendas en sí, muy deterioradas a juicio de Gago, el presidente de Auve lamentó la falta de control de los ocupantes de cada VPO y el “desentendimiento” del Ejecutivo autonómico con respecto de estos bloques del barrio de Salburua.

antecedentes No es la primera vez que las autoridades alertan de la aparición de estas pensiones ilegales en la ciudad. En 2005, la Policía Municipal de Vitoria puso en marcha un protocolo para atajar tanto las prestaciones sociales irregulares que emite el Ayuntamiento como la apertura de este tipo de albergues de carácter irregular.

En aquel momento, los portavoces de la Guardia Urbana de la capital alavesa señalaron que el fenómeno no era nuevo y que hacía tiempo que se había detectado esta tendencia, concretamente desde el boom de la inmigración en el territorio histórico.

Fede García, portavoz de SOS Racismo en Álava y conocedor de la situación de los inmigrantes en la capital gasteiztarra, confirmaba igualmente la proliferación de estos alojamientos y precisaba que cada inquilino puede llegar a pagar cuotas de entre 250 y 400 euros por una de estas “camas calientes”.

Con esas cifras en la mano, la conclusión es clara en lo económico. Los responsables de las viviendas convertidas en pisos patera doblan con los referidos arriendos el beneficio que lograrían con el alquiler legal del inmueble completo. “Entiendo que es una manera de buscarse la vida por parte de estas personas. Los pisos en esta zona son muy amplios – explica uno de los vecinos de Olaguíbel afectados – y dedicándose a subarrendar cada una de las cinco habitaciones pueden pagar de sobre el alquiler, que es elevado, y sacarse un sobresueldo jugoso”.